La Corte interviene en el caso Cristóbal y las escuchas y abre una guerra con Comodoro Py

En un mismo día, el Máximo Tribunal ordenó al Consejo de la Magistratura que investigue cómo se conformó la Sala I de la Cámara Federal, que determinó la liberación del empresario Cristóbal López y a su socio Fabián de Sousa y ordenó a la bicameral de Inteligencia que inicie una auditoría en el organismo a cargo de las escuchas telefónicas para determinar si las filtraciones de los audios entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, difundidos por el periodista Luis Majul, surgieron de esa dirección de inteligencia.

El fallo de la Sala I fue dividido puesto que el camarista Leopoldo Bruglia se opuso y Jorge Ballestero se pronunció a favor. Esto obligó a recurrir a un tercero para desempatar. Pero hay indicios que arrojaron un manto de sospecha sobre la elección de este tercero, que fue Eduardo Farah, integrante de la Sala II, y quien resolvió en favor de la libertad de los empresarios. El tercer camarista debería haberse elegido por sorteo entre todos los camaristas que integran la Cámara Federal, pero hay sospechas de que Farah fue elegido a dedo.

En la reunión de acordadas de este jueves, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz exigieron emitir un fallo para ordenar una investigación sobre el procedimiento de elección a Farah, puesto que no querían que la Corte pague el costo que está pagando toda la Justicia por la liberación de Cristóbal López y la sensación de impunidad.

Lorenzetti, que dos semanas atrás dijo públicamente que estaba en contra de fallar de acuerdo a lo que exige la opinión pública, se vio contra la espada y la pared. Si no votaba junto a sus compañeros de la Corte, quedaría pegado al "pacto de impunidad" que instaló su enemiga Elisa Carrió en torno a la liberación de Cristóbal. Prefirió firmar junto al resto, lo que de inmediato fue considerado, según advirtieron fuentes de Comodoro Py a LPO, como una traición por los jueces federales.

Pero el fallo sobre el caso Cristóbal no fue el que más molestó a Comodoro Py. La Corte solicitó hoy a la bicameral del Congreso que ordene una auditoría en el organismo a cargo de las escuchas. Este fue el punto más molesto para Lorenzetti, que fue quien armó el departamento de las escuchas.

En ese sentido, la Corte creó la Dirección de Asistencia judicial en delitos Complejos y crimen organizado y en enero de 2016 nombró allí a los camaristas Martín Irurzun, muy cercano a Lorenzetti, y Javier María Leal de Ibarra. También designó como director ejecutivo a Juan Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario de Ariel Lijo, otro juez federal de confianza de Lorenzetti.

Con este pedido de la Corte, el propio Lorenzetti cae encima del departamento que él mismo creó y que manejan sus aliados Irurzun y Lijo, además de rozar a la ex Side, vinculada a las escuchas. El titular de la ex Side, Gustavo Arribas, se convirtió en el principal operador del Gobierno en Comodoro Py. Según publicó Ricardo Roa en Clarín, el propio Arribas visitó a Ballestero en los últimos días para pedirle que la Cámara no liberara a Cristóbal López.