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Internacionales

Polémica por los restos de dictador Franco tiene en vilo a España

Franco, como se ve, aún despierta pasiones en España. La decisión del gobierno de exhumar sus restos, que reposan en el Valle de los Caídos, alborota las posiciones a favor y en contra. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez, del Partido Obrero Socialista Español (PSOE), está decidido a sacar el cuerpo del monumento. Para ello se ha enfrentado a varios obstáculos.


El más importante es la familia del dictador. Los nietos de Franco, que murió el 20 de noviembre de 1975, aseguran que llevarán el cuerpo al mausoleo familiar, en la Catedral de la Almudena. De ser así, al gobierno le habría salido el tiro por la culata, pues precisamente se trataba de evitar el enaltecimiento público.

 

Su tumba aún es visitada por un puñado de seguidores franquistas que suele desplazarse hasta el monumento, situado a 60 kilómetros de la capital. Trasladarlo al centro de la ciudad facilitaría ese tipo de peregrinaciones, que se producen sobre todo en el aniversario de su muerte.

 

Con la ley en la mano


Mientras el gobierno busca una solución que no pase por la catedral, la vía legal se abre camino. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en septiembre la modificación a la Ley de Memoria Histórica, que permite la exhumación de los restos de Franco. 

 

Un agregado al artículo 16 indica que “en el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”.

De esta manera, se podrá enmendar la “atroz anomalía”, como la llamó la vicepresidenta Carmen Calvo, de que el dictador esté enterrado junto a sus víctimas.


En el mismo monumento del Valle de los Caídos reposan también cerca de 33900 combatientes de la Guerra Civil (1936-1939) de ambos bandos y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.

 

El viernes pasado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el acuerdo firmado por la subsecretaria de Justicia que fue aprobado por el Consejo de Ministros. De esta manera se abre la puerta a la preparación de la exhumación de los restos de Franco. 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, será la encargada de conseguir los permisos para que los técnicos designados por el gobierno levanten la piedra de la lápida, extraigan los restos y los trasladen fuera del monumento.

 


A dónde? En principio, al lugar que indique sus familiares. El gobierno confía en llegar a un acuerdo con ellos, para lo cual incluso pidió ayuda al Vaticano. Pietro Parolín, secretario de Estado, se mostró de acuerdo con la exhumación, aunque no indicó nada sobre el posible destino final de los restos. Isabel Celaá, ministra de Educación y portavoz del ejecutivo, ha sido clara al afirmar que “en España no habrá un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar público”.

 

Repercusiones ciudadanas

Mientras el camino para la exhumación avanza en el panorama político, sus efectos en los ciudadanos se hacen visibles mediante diferentes actos. 

 

El 31 de octubre el artista Enrique Teneiro se acercó a la tumba del dictador mientras se celebraba una misa, apartó las flores que allí posaban y pintó sobre la lápida una paloma de la paz en color rojo. Junto a ella escribió: “Por la libertad”.

 

Mientras lo retenían, dijo que se manifestaba de esa manera “por la libertad y reconciliación de los españoles; para que no haya ningún bando vencido”. Los presentes en la basílica lo reprendieron y él respondió: “No estoy en contra de la unidad de España, pero Franco mató a muchísima gente”.

 

Con el sentimiento opuesto, Manuel Murillo Sánchez, un vigilante de seguridad, expuso en grupos de chat su ira con el gobierno por la iniciativa de la exhumación y expresó su intención de matar al presidente Sánchez. Los Mossos d´Esquadra (policía catalana) lo detuvieron en septiembre y registraron su casa, donde encontraron varias armas.

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