Desde el miércoles, habrá más restricciones para extranjeros que quieran ingresar al país
El Gobierno anunció una iniciativa por la cual la Dirección Nacional de Migraciones demandará que los extranjeros que soliciten la residencia en nuestro país presenten un certificado de carencia de antecedentes penales de los últimos 10 años.
El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el director nacional de Migraciones, Horacio García. “Buscamos impedir la entrada de personas involucradas en delitos y por eso hemos reforzado los controles fronterizos y hemos incorporado la base de datos de Interpol”, dijo Frigerio en la Casa Rosada.
La decisión de la Dirección Nacional de Inmigraciones estableció el exigir antecedentes penales de los últimos 10 años. Esta medida que comenzará a regir a partir del miércoles y se encuadra en el cumplimiento de la ley de Migraciones de 2003 referido al principio de reciprocidad. Cabe señalar que Argentina ofrece a todos los países antecedentes de los últimos 10 años de aquellos argentinos que solicitan residencia en el exterior.
“Así como hemos tenido un record de radicaciones de casi 700.000 en 3 años también tenemos un record de expulsiones por irregularidades habiendo crecido un 800% respecto al gobierno anterior”, señaló Frigerio en la conferencia de prensa para explicar que la medida no tiene propósito de limitar el ingreso de extranjeros.
En materia de detalles técnicos, el Directo Nacional de Migraciones aclaró que “tenemos en claro que esta normativa estará supeditada a la reciprocidad con cada país”, precisó García.
Ante la pregunta de ámbito.com respecto a si Argentina avanzará en celebrar acuerdos de reciprocidad en materia de salud y educación con otros países, el ministro aclaró que “los servicios públicos salud y educación no son gratuitos, están no arancelados, y son los argentinos que los pagan a través de sus impuestos. Pero son las provincias que están a cargo de brindar los servicios de educación y salud y por lo tanto son los gobiernos provinciales los que deberán determinar a quienes cobran o no”.
Cabe señalar que el primer acuerdo celebrado de reciprocidad se firmó la semana pasada entre la provincia de Jujuy con Bolivia para la prestación de servicios de salud.
Volviendo a la disposición respecto a los trámites para obtener la residencia en la Argentina, el Gobierno sí busca establecer un mayor control del flujo inmigratorio pero con la única intención de impedir el ingreso de delincuentes.
La iniciativa no se escapa a los tiempos electorales y a la demanda de vastos sectores de la sociedad que reclaman mayor control de los extranjeros que vienen al país a delinquir.
Aunque también hay otros sectores que, en parte acuciados por la crisis económica, han comenzado a tomar conciencia de que “alguien paga por los servicios que se brindan a extranjeros”. Esto da marco al gobierno para avanzar hacia un control migratorio más exigente.
De acuerdo a datos oficiales la mayoría de los inmigrantes son de nacionalidad paraguaya, boliviana y más recientemente se observó una ola de solicitudes de venezolanos. Se estiman que hay unos 300.000 mil venezolanos radicados en el país.
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