Este martes, diputados de Entre Ríos recibirán a representantes de pequeñas y microempresas para analizar un proyecto de ley que propone declarar la emergencia del sector pyme en la provincia. La iniciativa está vinculada a una propuesta similar a nivel nacional y busca implementar medidas de alivio fiscal para las actividades afectadas por la caída del consumo y la pérdida de empleo.
Luis Lozar, presidente de la delegación Entre Ríos de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), participará en la comisión de Presupuesto y Hacienda para exponer la situación de las micro y pequeñas empresas, que constituyen casi el 97% de las pymes en la provincia y que calificó como “las más vulnerables”.
El proyecto provincial, presentado a la Legislatura por la diputada Andrea Zoff del bloque Más para Entre Ríos, toma como referencia una ley impulsada por Apyme a nivel nacional. Lozar explicó que “hay una ola bastante grande de apriete sobre estas empresas, más cuando se producen crisis como hoy, donde el bajo consumo y la falta de plata en la calle castigan directamente porque son empresas que dependen del mercado interno”. Además, señaló que se registran pérdidas de puestos de trabajo y que algunas formalidades laborales pasan a la informalidad “para pasar este lugar de incertidumbre”.
La propuesta establece, según el tipo y condición de cada empresa, una reducción del 50% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos o la suspensión total de la percepción de ese tributo. También contempla el diferimiento del pago del Impuesto Inmobiliario, una reducción en el impuesto Automotor y la condonación del Impuesto a los Sellos. Lozar fundamentó que estos tributos “causan un ahogamiento financiero” al sector pyme.
Además, se prevé la creación de un plan de facilidades de pago para deudas a través de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la declaración de la Emergencia Tarifaria. El proyecto también propone aplicar la Ley 9353 de Compre Local y ampliar el uso de la ventanilla única para trámites administrativos.
Respecto a los compromisos que asumirían las pymes al acceder a estos beneficios, Lozar indicó que “después de obtener el certificado MiPyme, nos comprometemos a mantener la plantilla de personal permanente”. Asimismo, explicó que se impulsará un mecanismo para incentivar la formalización laboral: “Se calculará el promedio de los sueldos básicos de seis empleados y ese monto se restará de la base imponible de Ingresos Brutos”, lo que, según Lozar, hará que “al empleador le convenga registrar al empleado porque su sueldo será bajado por ese impuesto”.
El proyecto prevé la creación de un comité de seguimiento integrado por representantes del Estado, entidades intermedias, universidades y sindicatos. Lozar destacó que “no es un proyecto que se tira y se deja a la deriva”, y remarcó que “es una ley de política empresarial, no de política partidaria”.
Finalmente, Lozar fue prudente respecto al impacto del proyecto legislativo y afirmó que “la ley no salvará a nadie, pero sí dará un alivio bastante importante a esta ola que nos está pegando”. También recordó la importancia del sector para la economía nacional: “Las micro y pequeñas empresas somos el 70 o 75% del valor registrado en la Nación”.
En detalle, el proyecto de ley plantea la declaración de la “emergencia económica, productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria” para las pymes en Entre Ríos por un plazo de 12 meses, con posibilidad de prórroga por parte del Ejecutivo. Para ser beneficiarias, las empresas deberán contar con el certificado MiPyME del “Programa de Recuperación Productiva” y cumplir con las características establecidas en la ley de “Promoción del Crecimiento y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas”. También incluye a cooperativas, fábricas o empresas recuperadas y a agricultores familiares.
Si se aprueba la ley, se aplicará una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos para actividades comerciales, industriales y de servicios, la suspensión de retenciones y percepciones de ese impuesto, y el diferimiento de hasta seis meses en los vencimientos del Impuesto Inmobiliario sin aplicación de intereses resarcitorios ni punitorios para inmuebles afectados a la actividad.
Además, se prevé una reducción del 50% en el Impuesto Automotor para vehículos utilitarios, de transporte y de carga, y la exención del Impuesto a los Sellos para actos, contratos u operaciones de créditos, refinanciaciones y garantías celebrados por las pymes con entidades financieras públicas o privadas, siempre que estén destinados a capital de trabajo o inversión productiva.
El proyecto también contempla la suspensión de ejecuciones fiscales y planes especiales de pagos para deudores de la agencia tributaria provincial. Para los usuarios de la empresa de energía provincial, se propone una reducción del 50% en eventuales aumentos tarifarios. Por último, se establece que los beneficiarios de la ley no podrán reducir la plantilla de trabajadores durante el período de vigencia.
