El diputado nacional y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, presentó una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025. Esta resolución corresponde a la designación de nuevos auditores generales para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN), realizada durante la madrugada del 18 de diciembre pasado.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la presentación judicial incluye además una solicitud de medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti. En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Ritondo detalló una serie de irregularidades que, a su juicio, se cometieron durante la sesión especial en la que se aprobaron estos nombramientos.
Entre las anomalías señaladas, el diputado destacó que la moción para la designación fue introducida sorpresivamente a las 2:55 de la mañana por el diputado Gabriel Bornoroni (LLA), sin estar incluida en el temario enviado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias. Además, denunció que la moción se formuló sin especificar el tipo de moción, sin contar con dictamen previo de comisión y sin un pedido formal de apartamiento del reglamento. Ritondo calificó la votación como una decisión adoptada “entre gallos y medianoche” y a espaldas del debate público.
Ante esta maniobra, el interbloque Fuerza del Cambio y otras bancadas opositoras se retiraron del recinto para no convalidar lo que consideraron un acto manifiestamente inconstitucional. En el amparo, se sostiene que el Congreso carece de facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante sesiones extraordinarias, ya que el temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.
El diputado también argumentó que la Auditoría General de la Nación es un órgano de control externo cuya integración debe preservar el equilibrio entre mayorías y minorías. Asimismo, la demanda plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares, alegando que estas disposiciones restringen el acceso a una tutela judicial efectiva y afectan la división de poderes. Finalmente, Ritondo invocó precedentes similares del año 2015, cuando la justicia frenó nombramientos en la AGN por violaciones reglamentarias, para fundamentar su reclamo.
