El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno a actualizar de forma inmediata las partidas destinadas a salarios docentes y becas estudiantiles. Esta decisión implica la suspensión del Decreto 759/2025, con el que el Poder Ejecutivo había intentado paralizar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). En su fallo, el magistrado consideró que el decreto presidencial presenta “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
La resolución se produjo a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo del constitucionalista Pablo Manili. El reclamo cuestionaba la validez de la maniobra del Ejecutivo, que buscaba bloquear una ley que ya había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso, incluso tras el veto presidencial. El juez sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico”, respaldando así la posición de las universidades frente a la negativa del Estado Nacional de transferir los fondos correspondientes.
En su fallo, Cormick destacó el carácter excepcional de la medida cautelar, pero justificó su decisión al señalar que el Gobierno intentó fundamentar la suspensión de la ley en una norma de rango inferior, el artículo 5° de la ley 24.629 de administración financiera, para contradecir un mandato constitucional. El magistrado fue enfático al afirmar que el deterioro de los ingresos de docentes y estudiantes representa un “peligro en la demora” que justifica la urgencia de la medida. Además, subrayó que la pérdida del poder adquisitivo “continúa hoy día, conculcando derechos laborales protegidos por Tratados Internacionales” y advirtió que esta situación afecta no solo el salario de los trabajadores, sino también el derecho a enseñar y aprender, impactando directamente en la calidad educativa.
Para desestimar el argumento fiscal del Gobierno, el fallo ponderó el “interés público” y señaló que la implementación de la medida tendría un impacto presupuestario “poco significativo”. El juez citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que ubican el costo de la norma en apenas un 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra que, a su juicio, no justifica el daño grave que implica desfinanciar el sistema universitario ni la suspensión de una ley aprobada por amplia mayoría legislativa.
Finalmente, Cormick concluyó que la conducta del Poder Ejecutivo “parece, al menos en este estado larval del proceso, reñida con el principio de división de poderes”. Por ello, ordenó al Estado Nacional cumplir de inmediato con los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento, reactivando las actualizaciones salariales y las becas estudiantiles. La medida cautelar permanecerá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
El fallo también aborda la disputa política entre el Presidente Javier Milei y el Congreso. El juez fue claro al señalar que, si los legisladores ratificaron la ley con los dos tercios de los votos necesarios, el Ejecutivo debe acatarla. Explicó que el Gobierno no puede crear decretos ni utilizar excusas burocráticas para impedir la aplicación de una norma que ya completó todo el proceso legal. Una vez que el Congreso insiste, la ley debe cumplirse sin excepciones.
La Justicia desarmó así la estrategia del Gobierno, que alegaba la imposibilidad de pagar porque la ley no especificaba el origen de los fondos. Para el juez, esos son tecnicismos que no pueden prevalecer sobre la Constitución. En resumen, sostuvo que la voluntad mayoritaria del Congreso tiene más peso que las trabas administrativas que intente imponer la Casa Rosada para ganar tiempo.
Además, el magistrado aclaró que pagar estos aumentos ahora no “romperá” al Estado ni representa una medida irreversible, ya que las cuentas públicas pueden ajustarse, especialmente con el Presupuesto 2026 en discusión. Lo que sí sería irreversible y perjudicial, explicó, es continuar desfinanciando a las universidades.
