La denuncia de presunto espionaje en oficinas oficiales del Gobierno de Entre Ríos, que generó gran repercusión política esta semana, fue revisada a partir de una investigación periodística de ANÁLISIS. Según el informe, las cámaras y dispositivos de audio encontrados no fueron instalados recientemente ni forman parte de maniobras clandestinas actuales, sino que corresponden a un sistema colocado en 2018 durante la gestión anterior y que dejó de funcionar en febrero de 2019.
Este hallazgo modificó la interpretación inicial y abrió un debate sobre la responsabilidad política y la comunicación oficial. El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Orlando Cáceres, utilizó la red social X para exigir al Gobierno explicaciones claras y un pedido público de disculpas. “Ante los hechos de público conocimiento sobre la fallida denuncia de espionaje que realizó el gobernador Frigerio y Mauricio Colello, es imprescindible una comunicación desde Gobierno, tal como se hizo en la denuncia, que aclare la situación y lleve tranquilidad a la población”, afirmó.
La investigación detalló que el sistema estaba compuesto por cámaras analógicas básicas, camufladas en sensores de movimiento y conectadas mediante cableado a un DVR ubicado en una oficina cercana a la Secretaría General de la Gobernación. Una fuente vinculada al caso explicó que para su instalación fue necesario realizar obras en paredes y zócalos, y que las cámaras no tenían conexión a internet, sino que grababan directamente en un disco rígido. Además, el sistema fue desconectado en febrero de 2019 tras un hackeo sufrido por el entonces secretario de Gobernación, Edgardo Kueider, quien retiró el DVR. Desde entonces, las cámaras permanecen instaladas pero sin corriente ni funcionamiento alguno.
Estos datos reavivaron el debate político, ya que la denuncia original del Gobierno provincial había provocado un rechazo generalizado y muestras de solidaridad institucional, al considerarse en un primer momento un ataque a la democracia. Cáceres sostuvo que, dada la gravedad institucional que implicaba la denuncia, es necesario que el Ejecutivo realice una aclaración pública y un pedido de disculpas a quienes reaccionaron con repudio y solidaridad hacia los supuestos afectados. “Entiendo que además de la aclaración se hace necesario un pedido de disculpas a quienes rápidamente reaccionamos como corresponde en democracia frente a una denuncia de espionaje y expresamos el debido repudio y nos solidarizamos con los supuestos damnificados”, indicó en otro mensaje.
El dirigente también cuestionó la forma en que se construyó el relato oficial, recordando que al inicio de la gestión de Frigerio se anunciaron controles exhaustivos en Casa de Gobierno, con perros entrenados, detectores de metal y revisiones en paredes y alfombras, para luego presentar una denuncia que orientaba las sospechas hacia la gestión peronista anterior. Para Cáceres, esta situación excede la disputa partidaria y afecta directamente la confianza ciudadana en las instituciones. Por ello, insistió en que el pedido de disculpas debe estar dirigido principalmente a la sociedad entrerriana y que la aclaración oficial debe estar respaldada con toda la documentación correspondiente. “Eso debe hacerse exhibiendo toda la documentación oficial, de lo contrario, habrá sido una estafa a la credibilidad de las instituciones”, concluyó.
Este planteo se da en un contexto delicado, donde el uso político de denuncias relacionadas con prácticas ilegales puede erosionar rápidamente la confianza pública. La investigación periodística que reconstruyó el origen y estado real de los dispositivos obliga ahora al Gobierno provincial a redefinir su estrategia comunicacional y a brindar precisiones que disipen las dudas. Más allá de las posibles responsabilidades administrativas o penales por la instalación original del sistema, el foco del debate se desplazó hacia la manera en que se informó el hallazgo y las consecuencias políticas de esa comunicación. La demanda de claridad, disculpas y documentación planteada por Cáceres interpela al Ejecutivo entrerriano a actuar con máxima transparencia cuando están en juego la institucionalidad y la credibilidad democrática.
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