El presidente de España, Pedro Sánchez, anunciará este martes un decreto que regularizará la situación migratoria de aproximadamente 500.000 personas. Mediante esta “amnistía administrativa”, el Ejecutivo evitará el trámite parlamentario para otorgar permisos de residencia y trabajo a todos los extranjeros que hayan ingresado al país antes del cierre de 2025. Esta medida beneficiará especialmente a miles de argentinos que actualmente viven en situación irregular, permitiéndoles obtener sus documentos de forma inmediata.
El acuerdo fue alcanzado este lunes entre el PSOE y Podemos y establece requisitos muy flexibles para los solicitantes. Solo se exigirá acreditar una permanencia mínima de cinco meses mediante documentos sencillos, como un recibo de envío de dinero, una factura de luz o un comprobante de consulta médica. Con esta iniciativa, el Gobierno busca integrar formalmente a personas que ya residen y trabajan en España pero que carecen de derechos básicos y permanecen fuera de la economía formal.
Para la comunidad argentina, que en 2024 alcanzó un récord de 415.000 ciudadanos registrados en España, la medida representa un cambio significativo. Muchos argentinos que emigraron recientemente y se encuentran en situación irregular podrán regularizar su estatus laboral y obtener una autorización provisional de residencia por un año. Esta autorización les permitirá acceder a derechos básicos y mayor estabilidad.
Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo en la oposición. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, calificó el decreto como un “disparate” y acusó al presidente Sánchez de utilizar la migración para distraer la atención tras una reciente tragedia ferroviaria. La oposición advierte que la medida podría generar un “efecto llamada” que saturaría los servicios públicos y desbordaría la capacidad del Estado para atender a los nuevos residentes legales.
La polémica escaló con las declaraciones de Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, quien calificó a Sánchez de “tirano” y afirmó que la medida busca una “sustitución” de la población local. Según Vox, esta política promueve una “invasión” planificada por un Gobierno que, según ellos, desprecia a los españoles. Mientras la derecha anuncia una fuerte oposición política, el Ejecutivo mantiene su intención de firmar el decreto este martes para implementar la regularización.
Según datos del centro de análisis Funcas, en España residen actualmente unas 840.000 personas en situación irregular, de las cuales el 91% proviene de América Latina, principalmente de Colombia, Perú y Honduras. La comunidad argentina, aunque cuenta con una base importante de personas legalizadas, representa una parte significativa de los inmigrantes recientes que aún no han podido normalizar su situación.
El decreto garantizará una autorización provisional de residencia y trabajo por 12 meses, y suspenderá de inmediato todos los procedimientos de expulsión o retorno vigentes por causas administrativas. Al término de ese año, los beneficiarios podrán solicitar la residencia definitiva conforme a la normativa ordinaria. Esta vía legal permitirá simplificar y acelerar los trámites que habitualmente dificultan la regularización migratoria.
Con esta decisión, Pedro Sánchez evita la necesidad de negociar apoyos en el Parlamento, ya que la alianza entre PSOE y Podemos permitió cerrar el acuerdo en secreto y sin debate legislativo, dejando a la oposición sin herramientas para impedir la entrada en vigor del decreto. La medida busca integrar rápidamente a una población que actualmente vive en la informalidad y carece de derechos básicos.
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