En enero de 2026, en Nueva York, se concluyó la primera sesión preparatoria para una futura convención internacional destinada a la prevención y represión de crímenes contra la humanidad. Esta iniciativa fue impulsada por México y Gambia a través de una resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2024. El objetivo es establecer un marco legal global que permita definir estos crímenes y establecer mecanismos efectivos para su prevención y castigo.
La Comisión de Derecho Internacional de la ONU, integrada por 34 miembros elegidos por la Asamblea General con mandatos renovables cada cinco años, había finalizado en 2019 un proyecto de artículos sobre este tema. En ese documento recomendó la elaboración de una convención que imponga obligaciones claras a los Estados en materia de prevención, represión, cooperación judicial y asistencia mutua frente a los crímenes contra la humanidad.
Con esta base, los Estados miembros pueden iniciar negociaciones formales para crear un tratado que establezca compromisos específicos, tomando como referencia convenciones previas sobre genocidio, tortura y crímenes de guerra desarrolladas en La Haya y Ginebra. Este instrumento busca ser un antídoto para las violaciones masivas de derechos humanos en un mundo marcado por conflictos y crisis humanitarias.
El concepto de “crimen contra la humanidad” surgió en el contexto del genocidio armenio en 1915 y fue utilizado en los juicios contra los responsables del Tercer Reich en 1946, debido al antisemitismo sistemático. Casos posteriores, como la condena del nazi Klaus Barbie en 1987 en Francia, y los procesos judiciales en la ex-Yugoslavia y Ruanda durante la década de 1990, han reforzado la importancia de este marco jurídico.
Si bien esta nueva convención no pondrá fin a los conflictos armados actuales ni futuros, sí obligará a los Estados a perseguir judicialmente a quienes cometan estos crímenes. Desde Gaza hasta El-Fasher en Sudán, y desde Kiev hasta Caracas, el derecho internacional contará con una definición universal que permitirá sistematizar la prevención y el castigo de estas violaciones, combinando la codificación de normas existentes con el desarrollo de nuevas reglas.
La creación de este instrumento también podría facilitar la presentación de casos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que hasta ahora no ha intervenido en presuntos crímenes de lesa humanidad debido a la ausencia de un tratado específico. Algunos juristas consideran que probar un crimen contra la humanidad podría ser más sencillo que demostrar genocidio.
La definición más aceptada de crimen contra la humanidad incluye actos cometidos “en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil” y “en aplicación o persecución de una política de un Estado o de una organización”. Entre los actos tipificados se encuentran el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación, esclavitud sexual, persecución y desaparición forzada.
Además, se contempla la incorporación de nuevos tipos de crímenes, como “medidas coercitivas unilaterales y prácticas neocoloniales que afectan gravemente a la población civil a largo plazo”. El continente africano ha solicitado que se reconozcan como crímenes sistemáticos la esclavitud, el apartheid, el colonialismo, la segregación racial y el saqueo de recursos naturales.
Un grupo de trabajo surgido durante las discusiones propone incluir en el tratado temas como sistemas de armas letales autónomas (robots asesinos), prostitución forzada, matrimonios forzados, esterilizaciones y embarazos forzados, así como el apartheid de género. Por otro lado, varios países árabes y africanos, entre ellos Irak, Argelia, Egipto, Jordania, Turquía, Irán y Arabia Saudita, han pedido que el tratado defina a la familia como la unión de dos personas de sexo opuesto, basada en una realidad biológica.
En cuanto a las posiciones internacionales, Estados Unidos no ha votado ni emitido declaraciones formales, pero su silencio ha facilitado que China y Rusia intenten frenar el avance de las negociaciones. Rusia ha propuesto que la futura convención garantice inmunidad a sus dirigentes, a pesar de que su presidente, Vladimir Putin, está acusado por la Corte Penal Internacional desde 2023 por la deportación de niños ucranianos. Moscú también se ha sumado a Francia e Inglaterra en la defensa de la inmunidad de altos funcionarios, tras el pedido de captura contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
Desde Ginebra, donde se siguen de cerca estos debates, se espera que la convención marque un avance significativo en la lucha contra la impunidad y fortalezca el sistema internacional de justicia en un contexto global complejo y conflictivo.
