El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresó su firme repudio ante las recientes declaraciones de Mariano Gallegos, presidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), quien afirmó que existe una “industria del amparo” conformada por abogados que se especializan en litigar contra la obra social para obtener ganancias a través de honorarios. El Colegio calificó estas afirmaciones como de “una gravedad institucional inaudita” y advirtió que resulta preocupante que quien está a cargo de la salud de 300.000 entrerrianos intente desviar la atención de sus propias falencias administrativas señalando a los profesionales del derecho como responsables de la crisis del organismo.
Desde el Colegio aclararon que el amparo no es una herramienta de hostigamiento, sino “el único resguardo constitucional que le queda al afiliado cuando la OSER le da la espalda”. Subrayaron que los abogados no crean la necesidad de justicia, sino que intervienen cuando la obra social vulnera derechos fundamentales. En este sentido, señalaron que “es la ineficiencia del organismo lo que obliga a los ciudadanos a judicializar su salud para no morir en la espera de un medicamento o una cirugía”.
Además, cuestionaron directamente al titular de OSER: “Si el señor Gallegos desea conocer la verdadera situación de la OSER, solo debe consultar a cualquier afiliado o prestador. La realidad no se encuentra en sus conferencias de prensa, sino en el calvario de los jubilados o niños que no reciben cobertura en tiempo y forma, en las familias que ven negadas sus prestaciones básicas y en la falta de respuesta en cada delegación de la provincia”.
El Colegio también recordó que es el Poder Judicial quien condena a OSER, y que cada sentencia desfavorable representa un reproche directo de la Justicia a la arbitrariedad e ilegalidad con la que se maneja el organismo. “Hablar de ‘huecos’ o ‘grietas’ es un insulto a la inteligencia de los entrerrianos: los jueces ordenan cumplir lo que la gestión de Gallegos decide incumplir”, afirmaron.
Finalmente, el Colegio de la Abogacía sostuvo que no permitirán que se responsabilice a los honorarios profesionales ni a la labor de los abogados por el déficit financiero de una obra social que sufre de una mala administración estructural desde hace años. “Atacar a los abogados es atacar al Estado de derecho y principalmente es ir contra el derecho de los ciudadanos a ser defendidos frente a los abusos del poder de turno”, concluyeron. Por último, pidieron a OSER que cese en la búsqueda de “chivos expiatorios” y concentre sus esfuerzos en garantizar que cada aporte de los trabajadores se traduzca en una prestación de salud digna y oportuna.
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