Por Gustavo Vergara (*)
El Colegio de la Abogacía tiene el derecho legítimo de defender a sus matriculados, pero esa defensa no puede ignorar una realidad evidente y ampliamente conocida: en Entre Ríos existe una “industria del amparo”.
Es un hecho comprobable que algunos abogados reclutan activamente afiliados a través de redes sociales, interviniendo incluso en publicaciones oficiales de la OSER o en comentarios de noticias relacionadas con la obra social, ofreciendo la vía judicial como primera y única respuesta. Esta práctica se realiza con frecuencia y sin que se tomen medidas para evitarla.
Además, varios profesionales publicitan abiertamente la cantidad de amparos que presentan, usándolos como una muestra de su actividad profesional en sus redes sociales. Esto demuestra que no se trata de casos aislados o excepcionales, sino de una conducta reiterada que afecta el sistema.
Los registros administrativos y judiciales de la OSER permiten identificar patrones repetidos de actuación por parte de ciertos abogados que presentan amparos por prestaciones que no son urgentes, por servicios ya otorgados o sin haber agotado previamente las vías administrativas disponibles. Esta conducta distorsiona el sentido jurídico y constitucional del amparo, que está concebido como un recurso excepcional y urgente, y no como un atajo habitual para obtener prestaciones.
Quiero aclarar que no he generalizado ni descalificado a toda la abogacía entrerriana. Por el contrario, he señalado una práctica concreta, verificable y reiterada. No se ha intentado buscar responsables externos ni chivos expiatorios para explicar los problemas estructurales de la obra social. Lo que se ha hecho es llamar a la responsabilidad institucional de todos los actores, incluidos los abogados, para cuidar la mayor obra social de la provincia, cuyo sostenimiento depende del uso racional, solidario y responsable de sus recursos.
Comprendo la defensa que el Colegio de la Abogacía realiza en favor de sus matriculados, pero esa defensa no puede implicar negar una realidad grave, abusiva y sistemática. Por eso, antes de emitir comunicados apresurados, el Colegio debería revisar y reflexionar sobre el cumplimiento del Código de Ética Profesional.
Cuidar la OSER y la salud de todos los entrerrianos es una responsabilidad colectiva. Negar prácticas que la perjudican no ayuda a fortalecerla; en cambio, revisarlas y corregirlas sí contribuye a su sostenibilidad.
(*) Gustavo Vergara es senador provincial por Juntos
