La aprobación de la reforma laboral 2026 en el Senado se concretó en la madrugada del jueves 12 de febrero después de casi 16 horas de debate. El oficialismo logró 42 votos afirmativos y 30 negativos, sin abstenciones, tras realizar concesiones a gobernadores aliados y a la Confederación General del Trabajo (CGT), que había resistido varios puntos del proyecto. En protesta, los gremios organizaron una marcha hacia el Congreso la tarde del miércoles.
Entre las modificaciones acordadas, se eliminó el artículo que proponía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, lo que implicaba un impacto superior a los 2 billones de pesos para las provincias. Además, se mantuvo la “caja sindical” con un aporte solidario a los gremios limitado al 2% durante dos años, y las cargas para las obras sociales se conservaron en un 6%. También se estableció un aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5% y se aceptó que los bancos sigan siendo los únicos responsables del pago de salarios, descartando la autorización para que las billeteras virtuales cumplan esa función, como estaba previsto inicialmente.
La sesión incluyó la aprobación en particular de los 26 capítulos del proyecto, aunque el oficialismo rechazó modificaciones propuestas por senadores peronistas. En el capítulo XIV, referido a los aportes obligatorios a gremios y empresas, se mantuvo la obligatoriedad con 40 votos a favor y 32 en contra, estableciendo que cada trabajador deberá aportar hasta el 2% de su salario total a su sindicato. También se aprobó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con 41 votos afirmativos y 31 negativos, destinado a asegurar el pago de indemnizaciones sin modificar el régimen vigente.
Tras la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró el avance y destacó que el Congreso comienza a “saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema”. El oficialismo aspira a que la Cámara baja vote la reforma antes del 27 de febrero, en el marco del período extraordinario, considerando esta norma como una de las más importantes después de la ley Bases aprobada en 2024 y la sanción del Presupuesto 2026 en diciembre pasado.
Durante el debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la reforma como “la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. Bullrich destacó que la iniciativa busca generar empleo privado y reducir la informalidad, criticó el modelo laboral vigente y afirmó que la ley promueve la libertad de elección de trabajo, la seguridad jurídica y la eliminación de estados feudales. También enfatizó que la indemnización se mantiene en un salario por mes sin tope, y que se fomentará la negociación colectiva horizontal y la formalización de trabajadores en negro.
Por su parte, el jefe del bloque peronista, José Mayans, cuestionó duramente el proyecto, calificándolo de regresivo y anticonstitucional, y advirtió que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza derechos laborales y sociales. Mayans denunció un “avasallamiento” del reglamento del Senado y criticó la rapidez del tratamiento, además de señalar que la reforma afectará negativamente a las provincias y a los jubilados. También acusó al Gobierno de buscar una “victoria política” y de realizar cambios sin consenso ni diálogo, lo que generará alta litigiosidad y precarización laboral.
Otros senadores opositores expresaron críticas similares, denunciando falta de consenso, apresuramiento en el debate y cuestionando el impacto real de la reforma en la generación de empleo. Algunos destacaron que la ley no modifica el régimen de indemnizaciones, mientras que otros alertaron sobre la eliminación de sanciones a empleadores en juicios laborales y la posible impunidad que esto podría generar. En contraste, legisladores oficialistas y aliados defendieron la reforma como necesaria para modernizar un sistema laboral obsoleto y reducir la informalidad, aunque reconocieron que la creación de empleo dependerá también de políticas económicas complementarias.
La sesión estuvo marcada por cruces entre senadores, con acusaciones de falta de diálogo y respeto, y con manifestaciones en las calles, donde gremios realizaron protestas con incidentes y detenciones. La reforma laboral 2026 representa un cambio profundo en la legislación laboral argentina, con un fuerte debate político y social que continuará en la Cámara de Diputados en las próximas semanas.
