Este viernes, la Cámara de Senadores sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que incluye la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación final fue de 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Esta reforma busca modificar el tratamiento legal de los menores que cometen delitos, generando un intenso debate político y social en todo el país. En el caso de los senadores entrerrianos, la votación reflejó una marcada división. Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, del bloque La Libertad Avanza, acompañaron la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional, apoyando la baja de la edad de imputabilidad.
En cambio, el senador Adán Bahl, de Fuerza Entre Ríos, votó en contra y expresó sus argumentos a través de sus redes sociales. Bahl sostuvo que la reducción de la edad de imputabilidad no representa una solución efectiva para disminuir la delincuencia juvenil. En sus palabras, “Endurecer por endurecer puede sonar firme. No es una buena política pública”. Además, afirmó que “si de verdad queremos cuidar a nuestros jóvenes, el camino no empieza en el encierro. Empieza en la contención, la prevención y la inclusión”. Estas declaraciones evidencian una postura crítica frente al enfoque punitivo de la reforma.
El legislador también hizo referencia a la realidad provincial, señalando que “en 2025 hubo 34 homicidios y solo 2 fueron cometidos por menores”. En ese sentido, advirtió que el proyecto traslada a las provincias la responsabilidad de implementar el nuevo régimen penal juvenil sin garantizar los recursos financieros necesarios para ello. “Se imponen obligaciones, infraestructura y equipos técnicos sin recursos. Eso no es federalismo: es descargar responsabilidades”, concluyó. Esta crítica pone de manifiesto la preocupación por la falta de apoyo económico para llevar adelante las modificaciones legales en las provincias.
La aprobación de esta reforma en el Senado marca un cambio significativo en la legislación penal juvenil, pero también abre un debate sobre las políticas públicas más adecuadas para abordar la problemática de la delincuencia juvenil. Mientras algunos sectores defienden la baja de la edad de imputabilidad como una medida necesaria para fortalecer la seguridad, otros advierten sobre los riesgos de un enfoque exclusivamente punitivo y la importancia de priorizar la prevención y la inclusión social.
