Desde este lunes 16 de marzo, las universidades públicas de todo el país enfrentarán una semana de protestas convocada por el Frente Sindical, que agrupa a las federaciones de docentes y no docentes. En varias casas de estudio y colegios preuniversitarios se realizará un paro durante toda la semana, mientras que en otras instituciones se llevarán a cabo movilizaciones y otras acciones de visibilización. Estas medidas complican el inicio del ciclo lectivo 2026 para más de dos millones de estudiantes de las universidades estatales.
Los gremios denuncian una pérdida salarial del 40% durante los dos años del gobierno de Javier Milei y critican que el Ejecutivo no haya aplicado la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga a recomponer salarios y becas estudiantiles según la inflación, actualizar gastos de funcionamiento y destinar partidas para hospitales, ciencia y técnica. Además, exigen la convocatoria a paritarias con mecanismos de ajuste automático. Según datos oficiales, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 el presupuesto nacional para educación superior cayó un 28,9% en términos reales, y los salarios representan cerca del 90% del presupuesto del sector.
La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), aprobada en octubre de 2025 tras seis votaciones legislativas, tres marchas federales y dos vetos presidenciales, fue suspendida en su aplicación por un decreto del propio Gobierno. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una medida cautelar que fue avalada por la Justicia en diciembre, ordenando la aplicación inmediata de la ley. El Gobierno apeló y trató de recusar al juez Martín Cormick, pero la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó ese intento. Además, en diciembre de 2025 el Ejecutivo intentó derogar la ley a través de un artículo del Presupuesto 2026, pero no logró los votos necesarios en el Congreso.
En febrero, el Gobierno presentó un proyecto alternativo que modifica varios puntos centrales de la ley, especialmente en materia salarial. Mientras la ley vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023, la propuesta oficial ofrece un incremento del 12,3% en tres cuotas durante marzo, julio y septiembre. Este porcentaje está muy por debajo de la inflación estimada para 2026, que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central alcanzaría el 26,1%. El proyecto mantiene la convocatoria periódica a paritarias, pero elimina la cláusula de actualización mensual por inflación. También contempla la actualización de gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,5%, pero no reconoce la pérdida sufrida en 2024. Propone una partida de 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios, pero no incrementa los fondos para becas, ciencia ni extensión universitaria. Aunque se especuló con que el proyecto se trate en sesiones extraordinarias, aún no hay fecha definida para su debate.
Las federaciones docentes y no docentes que integran el Frente Sindical rechazaron el proyecto oficial y exigen el cumplimiento pleno de la Ley N° 27.795. En ese marco, anunciaron medidas de fuerza para esta semana y advirtieron que el ciclo lectivo no podrá desarrollarse con normalidad. Conadu y Fagdut confirmaron paros durante toda la semana del 16 al 22 de marzo, y Conadu también realizará huelgas de cinco días en las últimas semanas de marzo y abril. Fatun, que agrupa a no docentes de 55 universidades públicas, anunció un paro nacional semanal desde el 16 de marzo hasta el 23 de abril. Fedun se sumó al paro del lunes 16 y planea otras acciones de protesta.
Entre los rectores existe malestar con la propuesta oficial, aunque algunos reconocen en privado que podría ser un “mal menor” frente a la posibilidad de que el Gobierno intente nuevamente derogar la ley, dado que cuenta con mayoría en el Congreso. “Queremos que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, pero ya no podemos depender del Congreso porque el Ejecutivo tiene los números para sostener un veto. Por eso algunos preferimos que se apruebe la modificación oficial para recuperar lo perdido en 2025, abrir paritarias y asegurar la actualización de gastos y partidas para hospitales”, afirmó a Infobae una alta autoridad universitaria. Añadió que “si no garantizamos el comienzo de clases, muchos estudiantes y profesores buscarán otras opciones”.
Esta posición no es compartida por los sindicatos. Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, sostuvo que “frente al aumento del 51% que debería otorgar el Gobierno, un 12,3% en tres cuotas no es un mal menor, sino una cifra que se perderá con la inflación y no atenúa el enorme malestar de los trabajadores universitarios”.
En cuanto a las becas estudiantiles, un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) reveló que entre 2023 y 2025 la cantidad de beneficiarios de las becas Progresar se redujo un 62,4%, mientras que el poder adquisitivo cayó un 46,5%. Para recuperar los niveles de diciembre de 2023, la inversión en becas debería aumentar un 63%.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a solicitar a los ministerios de Capital Humano y Economía la aplicación de la ley y ratificó la emergencia presupuestaria y salarial. Además, advirtió que el presupuesto nacional 2026 no solo desconoce la Ley de Financiamiento Universitario, sino que tampoco contempla la actualización de los gastos de funcionamiento. La UBA destacó la situación crítica de sus seis hospitales e institutos universitarios, que no solo atienden a la población sino que forman profesionales de la salud.
El conflicto y los recortes afectan a las universidades. En la UBA, aunque la inscripción al Ciclo Básico Común (CBC) se mantuvo estable con unos 50.000 ingresantes, algunas facultades como Agronomía perdieron el 10% de sus profesores con dedicación exclusiva. Además, es difícil medir el impacto del deterioro salarial porque muchos docentes optan por licencias o reducen su dedicación para buscar otros ingresos en lugar de renunciar.
A pesar de diferencias sobre algunos puntos, el Frente Sindical, el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA) mantienen diálogo y coordinación de medidas frente a la situación presupuestaria. No descartan convocar a una cuarta marcha federal, posiblemente el 23 de abril, a dos años de la primera movilización. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA y estudiante de la Universidad Nacional de Rosario, afirmó que “el Gobierno no responde a la necesidad de invertir en educación y está empujando hacia un escenario de gran conflictividad”.
Varias universidades se preparan para elecciones estudiantiles en el primer cuatrimestre, entre ellas la UBA, la UNR, la UNC y la Universidad Nacional de Cuyo. El CIN renovará sus autoridades el 27 de marzo en Santa Rosa, donde se espera que asuma la presidencia Franco Bartolacci, actual vicepresidente y rector de la UNR, acompañado por un rector del bloque peronista del CIN.
Tras dos años de conflicto, el presupuesto universitario volverá a dominar la agenda en 2026. Además de los recortes, el debate estuvo marcado por acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia. Varios rectores lamentaron que el diálogo con el Gobierno aún no se haya enfocado en políticas constructivas para el futuro del sistema, que enfrenta desafíos como bajas tasas de graduación, escasa articulación con la escuela secundaria, la irrupción de la inteligencia artificial, actualización de carreras, evaluación de calidad educativa, fortalecimiento de la conexión con demandas productivas y profundización de la internacionalización.
