El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de redes sociales que en los próximos días el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, tiene como objetivo actualizar el marco normativo para “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”, según fuentes parlamentarias citadas por PERFIL.
El anuncio se produce en un contexto político marcado por cuestionamientos al oficialismo y en un intento por retomar la agenda de gestión. Entre los cambios centrales, el proyecto propone redefinir los criterios diagnósticos y de intervención, reemplazando el término “padecimiento mental”, considerado ambiguo, por una clasificación basada en estándares internacionales. Se adoptará la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento” para lograr mayor precisión clínica.
En cuanto a las intervenciones, el enfoque cambiará para considerar la “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, lo que permitirá, según el Ejecutivo, intervenciones “más oportunas y preventivas”. Además, el nuevo esquema incluirá el análisis del contexto y antecedentes de cada caso para adaptar las decisiones a situaciones concretas, según informó Infobae.
El proyecto también introduce modificaciones en el régimen de internaciones. Aunque se mantiene que la internación será un “recurso excepcional”, se amplían las herramientas para su aplicación en situaciones críticas. En casos de urgencia, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. Asimismo, se extenderá de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta y se considera que su capacidad está afectada, la internación podrá transformarse en involuntaria con intervención judicial. Estos cambios responden a reclamos de familiares, profesionales y actores judiciales que señalaron dificultades para actuar bajo la normativa actual.
Otro aspecto clave es la revisión del modelo de atención vigente, que promueve el cierre de hospitales psiquiátricos y su reemplazo por servicios en hospitales generales. El nuevo proyecto plantea que este esquema “no siempre resulta viable” debido a limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad. Según datos oficiales citados por Clarín, existen actualmente 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que para el Gobierno evidencia la necesidad de mantener la internación especializada en determinados casos. Por ello, se propone fortalecer una red de atención en salud mental organizada por niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.
El diagnóstico oficial también señala una aplicación desigual de la ley vigente en el territorio: solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa, generando diferencias en el acceso a la atención. Además, no todas las provincias cuentan con la misma capacidad instalada: 18 tienen hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, lo que profundiza las asimetrías. En este contexto, el proyecto propone reforzar los sistemas de información, como el Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental (RESAM) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES), y ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas para mejorar la supervisión.
Esta iniciativa, que retoma una agenda que el Gobierno había anticipado a fines de 2025, abrirá un nuevo debate en el Congreso sobre el equilibrio entre derechos, atención sanitaria y capacidad de intervención estatal frente a situaciones críticas en salud mental.
