Ante la creciente presión de las universidades para que se cumpla la Ley de Financiamiento, el gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Cámara de Apelaciones para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen la actualización de salarios y becas en las casas de estudio públicas. Esta acción se produjo horas antes de que venciera el plazo para la transferencia de los fondos correspondientes. Aunque el recurso aún no tiene carácter suspensivo, lo que obliga al Ejecutivo a realizar los pagos, la medida judicial busca impedir la ejecución de la ley mientras se resuelve el caso.
El recurso fue presentado por Sebastián Amerio, titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. En su presentación, el Gobierno solicitó la suspensión de los artículos que actualizan los salarios de docentes y no docentes, así como el aumento de las becas estudiantiles, argumentando que la ley no especifica las fuentes de financiamiento para esos incrementos. Esta postura coincide con la adoptada por Milei cuando suspendió la ley tras el rechazo de su veto por parte del Congreso.
La Cámara de Apelaciones deberá decidir en un plazo de diez días hábiles si acepta el recurso y lo eleva a la Corte Suprema, donde los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán pronunciarse sobre el asunto. El Gobierno pidió que, en caso de intervenir, se designen conjueces en lugar de los ministros por su vinculación con la docencia universitaria. Mientras tanto, la ley sigue vigente y el Ejecutivo está obligado a transferir los fondos. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional evalúan solicitar multas personales a los funcionarios responsables por cada día de incumplimiento.
En este contexto, alumnos, docentes y familiares del colegio preuniversitario Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizaron un abrazo simbólico al establecimiento y luego participaron en la Marcha de las Antorchas convocada por gremios de la docencia media y superior. La protesta buscó visibilizar el deterioro salarial y edilicio que afecta a la educación pública. Los manifestantes expresaron consignas como “la UBA no se vende” y “salarios dignos ya”, mientras padres y estudiantes acompañaban con aplausos y velas.
Juana Contreras, estudiante de 16 años, denunció que muchos docentes deben recurrir al pluriempleo para sostenerse y que en su colegio ya renunciaron casi treinta profesores en menos de dos meses, una cifra que supera ampliamente la del año anterior. Además, advirtió que los salarios están atrasados desde hace más de 180 días y que la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 50%. La secretaria general de AGD UBA, Laura Carboni, agregó que la suspensión de la ley congela el presupuesto universitario, generando una asfixia financiera sin precedentes que afecta el funcionamiento y las becas, que actualmente son insuficientes para cubrir necesidades básicas.
La crisis también impacta en la educación media y superior. Soledad Mosquera, secretaria general de Ademys, señaló que los docentes deben trabajar en varios turnos y realizar trabajos adicionales para llegar a fin de mes. Recordó el caso del asesinato del profesor Cristian Pereyra, quien trabajaba como conductor de aplicación para complementar sus ingresos. Mosquera informó que en una reunión con el gobierno porteño se ofreció un aumento del 4% a pagarse en mayo, un porcentaje que no compensa la inflación ni la falta de actualización salarial de los últimos meses.
Página12
