Tras una sesión que duró más de 11 horas, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que busca restringir el régimen de subsidios al consumo de gas en las denominadas “zonas frías”. La votación terminó con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y la propuesta fue enviada al Senado para su tratamiento definitivo.
La sesión comenzó con dificultades para alcanzar el quórum, lo que permitió al oficialismo impedir que la oposición realizara una convocatoria paralela para debatir sobre supuestos escándalos judiciales vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este cruce generó una demora de aproximadamente una hora y media en el inicio del tratamiento de los proyectos.
El primer proyecto aprobado fue la llamada “ley Hojarasca”, que prevé la derogación de más de 70 normas obsoletas para simplificar el marco jurídico. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, fue aprobada con 138 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones, y también fue remitida al Senado.
Luego se aprobaron varios tratados y convenios internacionales antes de abordar el proyecto central sobre la readecuación del régimen de subsidios por zona fría. El Gobierno, que contaba con un margen ajustado de votos, logró un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas, que obtuvieron un esquema de subsidios para “zonas cálidas” en el consumo de energía eléctrica.
El proyecto modifica el alcance geográfico del régimen de subsidios al gas, limitando el beneficio a hogares ubicados en la Patagonia, Malargüe y la Puna, consideradas zonas de frío extremo. La intención es volver al esquema vigente antes de la ley aprobada en 2021, que había ampliado los subsidios a varias provincias del país. Según el texto, los objetivos son “la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y el ordenamiento de las cuentas públicas”.
La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, informó que con el nuevo régimen perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que 1.800.000 conservarán el beneficio con descuentos superiores al 75% en el consumo de gas durante el invierno. La política seguirá vigente para hogares vulnerables, definidos por ingresos de hasta 4,3 millones de pesos mensuales, para personas con certificado de discapacidad, veteranos de guerra y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares. Además, el subsidio se aplicará solo al consumo de gas natural y no al total de la factura, que incluye cargos fijos.
El proyecto también establece un mecanismo para condonar las deudas acumuladas por distribuidoras eléctricas con CAMMESA durante los períodos de emergencia tarifaria.
El debate parlamentario estuvo marcado por posturas enfrentadas. El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Facundo Correa Llano, defendió la iniciativa señalando que “la política argentina se construyó durante años sobre subsidios indiscriminados y privilegios” y que el nuevo esquema busca corregir ese modelo fracasado. Destacó que focalizar los subsidios no es un ajuste, sino una forma de garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aclaró que nadie está en contra de asistir a quienes no pueden afrontar el costo de la calefacción, sino de que se otorguen subsidios a quienes no los necesitan.
Desde la oposición, el diputado Miguel Ángel Pichetto criticó el proyecto porque, según dijo, “limitará este derecho a los ciudadanos y pobres de la Patagonia”, y defendió a las provincias generadoras de gas. La diputada fueguina Andrea Freites advirtió que la iniciativa recargará las facturas y distorsionará un beneficio vigente desde hace más de 20 años. La kirchnerista Lucía Cámpora afirmó que la ley implicará aumentos de hasta el 50% en las tarifas para 4 millones de argentinos y que muchos deberán elegir entre pagar la factura o comprar medicamentos.
Fernanda Díaz, también del kirchnerismo, sostuvo que la medida consolida una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia sectores concentrados de la economía y criticó que no se aborde el endeudamiento con el FMI. Paula Penacca, secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, calificó la ley como un ataque a las mayorías populares para beneficiar a las grandes empresas energéticas.
Romina del Plá, del Frente de Izquierda, alertó sobre un “tarifazo enorme” y defendió el derecho social a la energía frente a los negocios empresariales. La diputada Gabriela Estévez advirtió que la modificación llega en un contexto de inflación y atraso salarial y la vinculó a exigencias del FMI para ajustar a las familias argentinas.
En el cierre, Germán Martínez recordó el compromiso histórico del peronismo con los subsidios energéticos y pidió que se mantenga la política de zona fría para las provincias del sur, proponiendo además una tarifa diferencial para las zonas cálidas del norte.
La diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici defendió la medida, recordando que en 2021 se había ampliado el régimen a zonas de frío templado, lo que consideró “inequitativo e injusto” porque beneficiaba a sectores acomodados como countries y mansiones. Destacó que el Gobierno actual creó el programa de Subsidios Energéticos Focalizados para optimizar recursos y retirar subsidios a quienes no los necesitan. También apoyó la condonación de deudas de distribuidoras y criticó la acumulación de 18 mil millones de dólares de deuda en el gobierno anterior.
