Dirigentes de gremios estatales, docentes y municipales iniciaron el análisis del proyecto de reforma previsional presentado por el gobierno provincial y brindaron sus primeras impresiones a los medios. Coincidieron en valorar la instancia de diálogo abierta por el Ejecutivo, destacaron algunos cambios reflejados en el texto y reconocieron la necesidad de avanzar en una reforma que permita sostener el sistema previsional y preservar el 82 por ciento móvil.
Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la secretaria adjunta Carina Domínguez señaló que el gobierno tomó en cuenta aportes del sindicato, aunque advirtió que continuarán planteando diferencias en varios aspectos. Destacó la reducción de 30 a 20 años del período para calcular el haber inicial y la propuesta sobre la movilidad jubilatoria. También opinó que la edad jubilatoria similar para hombres y mujeres, que se alcanzaría paulatinamente a partir de los cinco años de vigencia de la norma, debe contemplar cuestiones de género, como el cuidado familiar y la maternidad.
Domínguez explicó que la iniciativa prevé aportes escalonados para trabajadores con salarios superiores a 3 millones de pesos, algo que consideró lógico en un contexto de crisis. Sin embargo, aclaró que para el escalafón general que representa UPCN ese aspecto no es crucial, ya que no alcanzan esos ingresos. Sobre la movilidad, aclaró que se descartó el índice de Anses, que generó empobrecimiento, y que ahora se basará en un criterio salarial del escalafón general. También valoró la inclusión de la declaración de emergencia previsional, aunque señaló que “hay que ver realmente el alcance y cómo está planteado”.
El dirigente del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Fernando García, destacó la posibilidad de participar en la discusión y resaltó que el aumento de años de servicio para jubilarse, que pasa de 30 a 35, comenzará a aplicarse luego de cinco años de vigencia de la ley, de forma gradual. También valoró que se haya reducido a 20 años el período para calcular el haber inicial, aunque anticipó que insistirán para que se mantenga en 10 años. García señaló que, aunque hay puntos de desacuerdo, valoran la participación y continuarán el debate en la Legislatura. Sobre el índice de movilidad, destacó que se logró evitar la aplicación del índice de Anses. En cuanto a los aportes durante la emergencia para trabajadores con salarios superiores a 3 millones, aclaró que su sector queda excluido porque no alcanza ese nivel salarial.
Desde el sector docente, Mirta Raya, secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), consideró que era “justo y necesario” que gobierno y sindicatos trabajaran junto a la Caja de Jubilaciones para sostener el 82 por ciento móvil, un derecho que no todos los argentinos tienen. Señaló que el proyecto aborda temas centrales como la movilidad jubilatoria, las edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales, con el objetivo de priorizar la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos. Raya destacó que durante el tratamiento del proyecto realizaron aportes para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones.
