Emilio Aroldo Castrillón, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ex legislador provincial del Partido Justicialista, manifestó su rechazo a la “delegación de facultades” que plantea el proyecto de reforma previsional que el Poder Ejecutivo remitió al Senado y que esta semana comenzará a tratarse en el ámbito parlamentario. En particular, cuestionó el artículo 3° de la iniciativa, que autoriza al Ejecutivo a “adoptar las medidas necesarias para resguardar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema previsional”. Esta disposición habilita al Gobierno a establecer “aportes y contribuciones, con carácter solidario o excepcional, por plazo determinado”, que podrían afectar a afiliados activos, pasivos, empleadores y beneficiarios de jubilaciones, pensiones o beneficios otorgados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones o el propio Poder Ejecutivo. Además, permite fijar límites máximos a los montos de los beneficios que superen los 15 haberes mínimos.
Castrillón expresó que esta facultad otorgada al Ejecutivo resulta inconstitucional y criticó la postura de José Ángel Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), quien se mostró a favor de la iniciativa. El ex magistrado sostuvo que no se puede aceptar que se impongan aportes solidarios extraordinarios que impliquen descuentos adicionales a los judiciales, ni que se intente desvincular los acuerdos salariales del Poder Judicial de las disposiciones que establezca la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Es totalmente ilegal”, afirmó. Castrillón recordó que él se jubiló aportando el porcentaje correspondiente de su sueldo y cuestionó que ahora se pretenda “castigar” a quienes cumplieron con sus obligaciones previsionales. Se preguntó si el objetivo es “confrontar con la justicia, que ha sido complaciente, para provocar acciones en contra de los políticos”.
El ex presidente del STJ manifestó su profundo malestar con la reforma y subrayó que durante 20 años aportó como legislador y otros 16 años como vocal del Superior Tribunal, por lo que no puede aceptarse un régimen que considere esto un castigo. “Es manifiestamente un robo y confiscación, generando un régimen especial so pretexto de emergencia”, señaló. Además, recordó a los legisladores que las leyes previsionales, al ser normas relacionadas con derechos humanos, deben respetar los principios de progresividad y no regresividad, tal como lo han establecido numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En caso contrario, advirtió que la vigencia de la ley podría ser breve.
La reforma previsional propuesta por el Ejecutivo genera así un fuerte rechazo en sectores del Poder Judicial y en ex funcionarios como Castrillón, quienes advierten sobre la posible inconstitucionalidad de las medidas y el impacto negativo que podrían tener sobre los derechos adquiridos de los jubilados y trabajadores activos. El debate parlamentario que se avecina será clave para definir el futuro del sistema previsional en la provincia de Entre Ríos.
ElEntreRíos
