El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto para derogar íntegramente la ley 27.642, conocida como Promoción de la Alimentación Saludable, que establece el etiquetado frontal en alimentos. Esta norma fue aprobada años atrás con amplio respaldo parlamentario. En un contexto donde otras discusiones complejas, como la reforma política, permanecen sin resolverse en la Cámara alta, legisladores de bloques dialoguistas manifestaron a Infobae que no existe urgencia para tratar esta iniciativa y que esperan conocer los estudios que la respalden antes de avanzar.
Desde una bancada aliada al oficialismo señalaron: “No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto. En el mensaje no veo tanta evidencia”. Otro legislador destacó que “hay otras iniciativas pendientes que importan más y me da la sensación de mucha gente acostumbrada a los octógonos. Sin dudas, hay cosas para cambiar y mejorar, pero borrarla por completo parece mucho, ¿no?”. Paralelamente, varios diputados siguen de cerca la ley de lobby que se encuentra en tratamiento en la Cámara baja, especialmente en el contexto político actual.
El proyecto del Ejecutivo para derogar el etiquetado frontal lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. En los fundamentos, el Gobierno argumenta que existen situaciones en las que alimentos tradicionalmente incorporados en patrones aceptados reciben advertencias similares a las aplicables a productos con composiciones nutricionales muy diferentes, lo que dificulta una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles diversos y reduce la capacidad informativa y contextual del sistema.
El texto indica que “la estructura binaria del sistema de advertencias vigente dificulta reflejar mejoras parciales en la composición nutricional de los alimentos, reduciendo los incentivos para introducir modificaciones graduales que permitan diferenciar productos con perfiles nutricionales relativamente mejores dentro de una misma categoría”. Además, el Ejecutivo señala que ciertas restricciones impuestas por la ley en materia de publicidad, comunicación comercial y uso de elementos gráficos en los envases generan limitaciones relevantes para actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria.
En ese sentido, el oficialismo remarca que toda restricción regulatoria debe respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, evaluando mecanismos alternativos menos restrictivos que permitan alcanzar los objetivos de salud pública sin afectar el desarrollo normal de las actividades productivas y comerciales. También destaca que las asimetrías regulatorias afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, relacionados con el rediseño de envases, adecuación de líneas productivas, administración de stocks, evaluación técnica del perfil de nutrientes y adaptación progresiva de procesos productivos y comerciales.
El proyecto busca reducir sobrecostos e ineficiencias vinculadas a la producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos, promoviendo un entorno más competitivo, innovador y armonizable regionalmente, sin descuidar los objetivos de salud pública y protección del consumidor. Según el Ejecutivo, la derogación pretende avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional, permitiendo compatibilizar la protección de la salud pública, el acceso a información nutricional suficiente, objetiva y científicamente respaldada, y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales. Se espera que en las próximas horas el proyecto sea girado a las comisiones correspondientes para su análisis.
