El Gobierno de Bolivia reconoció este lunes que un ciudadano falleció durante los enfrentamientos derivados de una operación militar y policial destinada a despejar una carretera troncal en el occidente del país. Esta vía había sido bloqueada por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, ofreció disculpas por una versión inicial difundida el sábado por la noche, en la que se afirmaba que no había víctimas fatales, frente a lo que calificó como “noticias falsas” que circulaban tras el fracaso de la operación para establecer un “corredor humanitario”. Este corredor buscaba garantizar el paso de alimentos, combustible y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por los bloqueos.
“Lamentablemente, en el transcurso de las horas, ya en la madrugada del domingo, tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y hemos expresado a través de distintos medios nuestro pesar porque ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar”, declaró Gálvez a la prensa. El operativo del sábado intentaba desbloquear la carretera troncal entre La Paz y Oruro, separadas por 227 kilómetros, para facilitar la llegada de suministros a la sede del Gobierno y a El Alto, que enfrentaban desabastecimiento.
Sin embargo, la intervención fue suspendida tras enfrentamientos en varios tramos de la ruta, que derivaron en la quema de oficinas estatales y daños a vehículos que acompañaban al convoy. El domingo, medios locales difundieron un reporte forense que certificó la muerte de un civil, Víctor Cruz Quispe, a causa de un “proyectil de arma de fuego”. El examen se realizó en el Hospital de Clínicas de La Paz, donde el cuerpo fue trasladado el sábado por la noche desde el altiplano. El incidente ocurrió cerca de la localidad de Vilaque, donde se enfrentaron policías, militares y manifestantes.
La Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto solicitaron “el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos” el sábado, “en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos”. Gálvez afirmó que “ninguno de los efectivos” militares y policiales que participaron en la operación “portaba un arma de ningún calibre” y que solo utilizaron gases lacrimógenos “de manera disuasiva”.
El vocero aseguró que el Ejecutivo buscará que se realice una “correcta investigación” del suceso y que “el que haya asesinado tiene que pagar”, porque “la ley no está para ser rota y nadie está por encima de la ley”. Las protestas y bloqueos, que comenzaron hace 20 días, son impulsados por sectores campesinos de la zona andina, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia del presidente Paz, que asumió el Gobierno hace seis meses.
Los cortes de rutas, que en los últimos días se extendieron a otras regiones, también han provocado la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos. (EFE)
