La reglamentación de la reforma laboral en Argentina ha abierto un debate en torno al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que modificará el sistema de indemnizaciones a partir de noviembre. En una entrevista el abogado laboralista y representante de la CGT, Gustavo Ciampa, señaló que este nuevo mecanismo afectará a jubilados y pensionados. Además, cuestionó el papel de los fondos privados en la administración del sistema y advirtió sobre posibles conflictos judiciales derivados de su implementación.
Ciampa explicó que el FAL utilizará parte de las contribuciones patronales que actualmente financian jubilaciones y pensiones para cubrir indemnizaciones por despido. “Le sacan parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa personal”, afirmó el abogado laboralista. En este sentido, destacó que la Constitución Nacional protege contra el despido arbitrario y que la indemnización cumple una función reparadora y disuasiva. “Cuando la indemnización ya no la paga el empleador, sino que la pagan los jubilados y jubiladas, deja de haber disuasión contra el despido arbitrario”, sostuvo.
El representante de la CGT detalló que las empresas deberán aportar fondos que serán administrados por entidades privadas registradas ante la Comisión Nacional de Valores. Este sistema incluirá fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y vehículos de inversión colectiva. “El decreto reglamentario menciona 30 veces a los fondos comunes de inversión y no menciona derechos de los trabajadores”, señaló Ciampa, quien agregó que estas entidades obtendrán ganancias mediante la administración de recursos vinculados a la seguridad social.
Asimismo, el abogado explicó que el empleador seguirá obligado a pagar la indemnización, pero el dinero saldrá del fondo administrado por la entidad financiera elegida por la empresa, lo que podría demorar el pago en comparación con el sistema actual. “Las empresas cuando despiden tienen cuatro días hábiles para pagar la indemnización”, indicó, y agregó que el nuevo esquema prevé que el fondo tenga cinco días hábiles para depositar el dinero una vez completada la documentación requerida. También cuestionó el destino de los intereses generados por esos fondos, señalando que un artículo del decreto parecería indicar que ese interés podría ser cobrado por la empresa.
Ciampa rechazó la idea de una supuesta “industria del juicio” en materia laboral, explicando que los litigios representan un porcentaje bajo dentro del sistema judicial argentino. “Solo el 6% de los juicios tramitan en la justicia laboral”, afirmó, y precisó que apenas el 3% corresponde a conflictos entre empleados y empleadores, con un índice de litigiosidad menor al 2%. Además, vinculó el empleo formal con la situación económica general y no con la reducción de derechos laborales, señalando que “nadie contrata si no vende, nadie contrata si no produce”.
El representante de la CGT también cuestionó otros aspectos de la reforma laboral reglamentada, como las modificaciones relacionadas con jornadas laborales, banco de horas y contratación de trabajadores independientes. Según Ciampa, algunas disposiciones podrían derivar en conflictos judiciales. “Cuando a un trabajador le digan que va a trabajar once horas y no le paguen horas extras, eso es un juicio en puerta”, advirtió. Asimismo, criticó la figura del “trabajador independiente con colaboradores”, incluida en la normativa, ya que permitiría relaciones laborales sin registración formal. “Permite contratar hasta tres trabajadores sin reconocer relación de dependencia”, afirmó, y alertó que las empresas podrían organizar estructuras con empleados no registrados mediante esa modalidad.
Además, señaló que la eliminación de sanciones por empleo no registrado reducirá los incentivos para formalizar trabajadores. “Hoy es lo mismo tener trabajadores en blanco o en negro porque ya no hay sanción”, sostuvo. En la entrevista también se hicieron comparaciones entre el FAL y el sistema vigente en la industria de la construcción, pero Ciampa aclaró que ambos mecanismos presentan diferencias importantes. En la construcción, los fondos corresponden directamente al trabajador y pueden cobrarse cualquiera sea la causa de finalización laboral, mientras que el nuevo esquema solo cubrirá despidos sin causa o acuerdos específicos.
El abogado recordó que los primeros pagos podrían concretarse recién en mayo de 2027 y que la implementación del sistema será obligatoria para las empresas. “Las empresas pueden elegir el agente financiero, pero el sistema es imperativo”, afirmó. Finalmente, confirmó que la CGT mantiene una acción judicial contra la reforma laboral y consideró posible que jubilados o asociaciones previsionales presenten nuevos reclamos ante la Justicia por el uso de recursos destinados a la seguridad social.
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