Este miércoles, en Santiago de Chile, la policía antimotines reprimió con violencia a estudiantes que participaban en una manifestación masiva contra los recortes fiscales impulsados por el gobierno del presidente José Antonio Kast. La protesta se realizó dos días después de que Kast oficializara un proyecto para crear un registro de “vándalos”, destinado a anotar a quienes dañen monumentos o ataquen a la policía o a funcionarios de salud, con el objetivo de restringirles beneficios como la jubilación estatal o la gratuidad universitaria.
Miles de estudiantes secundarios y universitarios, acompañados por sus maestros y profesores, marcharon por la avenida Alameda en dirección al palacio presidencial. Para impedir que llegaran a ese punto, la policía utilizó gases lacrimógenos y chorros de agua. Los manifestantes respondieron lanzando piedras. Los enfrentamientos duraron aproximadamente una hora y, según reportó la agencia AFP, hubo al menos una decena de detenidos, entre ellos una mujer que fue trasladada con el rostro cubierto de sangre, arrastrada por tres agentes.
Las pancartas de los manifestantes expresaban consignas como “con los recortes, la salud no pasa de agosto” y “no más recortes, no es ajuste, es robo”. José Antonio Kast, un abogado de 60 años, asumió la presidencia en marzo con la promesa de recortar el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales y potenciar la economía. Poco después de asumir, ordenó una reducción del 3% en los gastos de todos los ministerios.
Romina Cuevas, profesora de 47 años, declaró a la agencia AFP que “es como un ataque a la gente más pobre, porque ellos son los que ocupan los beneficios sociales, no la gente que tiene plata”. Por su parte, el presidente Kast anunció el lunes 1 de junio que incrementará la presencia policial en los barrios y aumentará las penas contra el crimen organizado, prometiendo operativos en 50 barrios para combatir mercados ilícitos y delincuencia organizada.
Además, Kast reiteró su intención de expulsar a 330.000 inmigrantes irregulares, buscando fortalecer el control migratorio, ampliar los plazos de retención de indocumentados y fomentar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales. Rodrigo Espinoza, analista de la Universidad Diego Portales, advirtió que aunque estas medidas “pueden tener una buena intención, se puede crear una gran brecha entre las expectativas ciudadanas y las reales capacidades que tiene el Estado chileno”.
