Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, cuestionó públicamente a Manuel Adorni tras la presentación de su declaración jurada patrimonial, en la que reconoció no haber declarado más de 500 mil dólares obtenidos entre 2013 y 2018 por operaciones de compra y venta de bitcoins. La senadora calificó esta situación como “más que un error, es una omisión ética” y agregó: “Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, según declaraciones a las que accedió Infobae.
El reclamo de Bullrich se conoció minutos antes de una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, que preside el propio Adorni. La controversia surgió a partir de dudas sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, tema por el cual la senadora ya había solicitado la presentación inmediata de su declaración jurada. La situación generó tensión dentro del oficialismo, especialmente porque Bullrich advirtió que Adorni podría enfrentar cargos por “omisión maliciosa”, delito que contempla inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
El presidente Javier Milei y otros funcionarios expresaron públicamente su apoyo a Adorni, evidenciando diferencias internas respecto al manejo político y judicial del caso. La polémica comenzó cuando se conoció la última declaración jurada de Adorni, en la que informó la incorporación de 513 mil dólares a su patrimonio familiar, fondos que explicó provinieron de operaciones con bitcoins realizadas entre 2013 y 2018, cuando la criptomoneda tenía un valor mucho menor al actual.
Ante las críticas por no haber declarado esos activos en años anteriores, Adorni afirmó que el dinero provenía de ahorros personales no declarados formalmente y defendió su postura con la frase: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”. Esta afirmación generó un fuerte impacto político, ya que implicó admitir que esos fondos permanecieron fuera de los registros oficiales durante años. Las explicaciones no lograron disipar la controversia, sino que reavivaron el debate sobre los estándares de transparencia y las obligaciones de los funcionarios en la presentación de sus declaraciones patrimoniales.
En este contexto, Bullrich fue una de las primeras dirigentes oficialistas en exigir que Adorni presentara la documentación necesaria para aclarar la situación. Posteriormente, la senadora difundió su propia declaración jurada, detallando ingresos, bienes e inversiones, como una señal de respaldo a los mecanismos de transparencia exigidos por la legislación vigente. Con sus recientes declaraciones, Bullrich endureció su postura y calificó la conducta de Adorni como una “omisión ética”, enfocándose en las responsabilidades políticas de los funcionarios más allá de la discusión técnica sobre la registración de activos.
El caso adquiere relevancia adicional porque involucra a uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei y a una figura pública destacada dentro del Gobierno, alineada con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario. Adorni se convirtió en una de las voces principales de la administración libertaria y en un defensor de las políticas oficiales frente a la opinión pública. Por ello, la controversia generó repercusiones que superan lo personal y motivaron a sectores de la oposición a reclamar explicaciones adicionales sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y los mecanismos utilizados para declarar esos fondos.
Mientras tanto, el oficialismo busca contener el impacto político del caso. Milei respaldó públicamente a Adorni y afirmó que las explicaciones brindadas son suficientes para despejar las sospechas sobre el origen de los fondos. Sin embargo, las declaraciones de Bullrich introdujeron un matiz significativo dentro de La Libertad Avanza al cuestionar la conducta del jefe de Gabinete, aunque evitó pronunciarse sobre posibles responsabilidades penales.
La referencia de Bullrich a que “la Justicia tendrá que determinar” qué ocurrió abre una nueva etapa en la controversia. En los próximos días podrían presentarse denuncias o requerimientos judiciales vinculados con la evolución patrimonial de Adorni, mientras continúan las repercusiones políticas por una polémica que se instaló en el centro de la agenda pública.
