El presidente Alberto Fernández no sólo confirmó que habrá sesiones extraordinarias, sino que además anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso sobre la coparticipación, en medio del pleito judicial que existe por este tema entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Aunque todavía no está listo el texto que busca dar una respuesta política a la Corte Suprema de Justicia, que concedió una medida cautelar a favor del Gobierno porteño en la causa por los fondos coparticipables; en el oficialismo y Juntos por el Cambio ya avizoran un nuevo conflicto en el terreno parlamentario en el comienzo de un año electoral.
En el bloque del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez, daban por descontado que el mandatario convocaría a sesiones extraordinarias. Más de un diputado, off de record, aseguraba que en febrero la Cámara baja volvería a sesionar para tratar el proyecto de blanqueo que adelantó días atrás el ministro de Economía, Sergio Massa. Incluso, algunos se ilusionaban con poder llevar al recinto el proyecto que fomenta el desarrollo agroindustrial, siempre que antes consiguieran recomponer el vínculo con la oposición. Aún así, faltaba la confirmación, que llegó este lunes a través de un hilo de tuits del jefe de Estado.
Alberto Fernández informó que pagará a la Ciudad con bonos, presentará un recurso de revocatoria "in extremis" contra la resolución judicial y recusará a los jueces del Máximo Tribunal, pero además optó por buscar una salida política, que pondrá a prueba a Juntos por el Cambio en su intento por no quedar encerrado en la defensa de los intereses del Gobierno porteño. También, una vez más, involucró al Poder Legislativo en los temas referidos a la coparticipación, al anunciar que solicitó al Palacio de Hacienda que envíe "un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22".
"Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce", aclaró el presidente en su cuenta de Twitter.
La primera respuesta que recibió desde la Cámara de Diputados provino del bloque de la UCR, que puso en suspenso su idea de pedir el juicio político a Alberto Fernández por incumplimiento de deberes de funcionario público. En Juntos por el Cambio celebraron a medias lo que consideran una marcha atrás del gobierno del Frente de Todos, pero advierten que la decisión del mandatario de trasladar el tema al Congreso sólo "profundizará las tensiones que ya existen" entre el oficialismo y la principal fuerza opositora.
"Todavía no pudimos volver a sentarnos a hablar después de lo que pasó en los últimos intentos por sesionar, veo muy difícil que nos pongamos de acuerdo ahora con lo de la coparticipación", dijo a este diario un diputado de la alianza opositora.
En la bancada oficialista también sostienen que el panorama es complejo para avanzar en la discusión sobre la coparticipación, más aún luego de las divergencias que su
