Con la reforma judicial ya convertida en ley, y luego de meses de una áspera puja interpoderes, el Gobierno santafesino empieza a definir el recambio en la Corte Suprema de Santa Fe, que tendrá siete ministros, uno más que ahora.
Una vez que el gobernador Maximiliano Pullaro promulgue la reforma judicial (a partir del martes próximo se publicará en el Boletín Oficial), arrancará la fase de selección de postulantes a ocupar las poltronas que dejarán libres los renunciantes -y rosarinos- Mario Netri, desde el 1º de diciembre, y María Angélica Gastaldi, el 2 de abril de 2025, y la del nuevo integrante del máximo tribunal.
Este jueves, el oficialismo, con acompañamiento de parte del peronismo y del Frente Amplio por la Soberanía en Diputados, cumplió el objetivo de actualizar la Justicia provincial antes de fin de año.
“La idea es enviar los tres pliegos (de candidatos a la Corte Suprema) juntos a la Legislatura, posiblemente en los primeros días de 2025. Todo sin apuro y de modo prolijo”, deslizaron a La Capital en los pasillos de la Gobernación.
Danza de nombres para la Corte Suprema
Respecto de los postulantes para las tres vacantes en el tribunal supremo, en el oficialismo fueron tajantes: “Los nombres están en la cabeza del gobernador”.
También desecharon la posibilidad de que el ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastia, esté en carrera. La danza de candidatos incluye a Rubén Weder, el fiscal de Estado durante la gestión de Omar Perotti, cuyo bloque en Diputados respaldó la reforma judicial.
Acerca del perfil de los aspirantes a la Corte Suprema, consideraron fundamental “su compromiso con la institucionalidad, con la transparencia y con la eficiencia y la agilidad del servicio de justicia”. Y enfatizaron: “También será importante mostrar una actitud menos corporativa y más cerca a la sociedad”.
Satisfechos con la concreción del segundo de los ambiciosos objetivos fijados por el gobierno de Unidos para 2024 (el primero fue la reforma previsional, aprobada en septiembre), en la Casa de Gobierno destacaron que la norma que modifica el Poder Judicial de Santa Fe tuvo “una oposición solamente por oportunismo” y que el veredicto de la Legislatura “refleja una voluntad política mayoritaria en la provincia”.
Un factor para nada menor que habría contribuido a que el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, aludiera por primera vez a su eventual alejamiento del cargo. Una salida por las buenas de los tres magistrados que superan los 75 años es lo que sigue esperando la administración de Pullaro, que guarda como último recurso la herramienta -a veces incómoda- del decreto para alcanzar esa meta.
En Cayastá, con motivo del acto oficial por el 451º aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe, el titular del alto tribunal aseveró este viernes: “Espero que la reforma sea para bien. La legislación es para futuro, no para atrás. Estoy pensando en la decisión, me debo a mi gente del Poder Judicial”.
Algo parece haber cambiado. “Me voy a ir de la Corte Suprema el día que yo quiera”, fue el desafío lanzado por Gutiérrez dos meses atrás, cuando los chispazos con el Ejecutivo, en plena cruzada reformista de la Justicia, estaban a la orden del día. El santafesino integra con Roberto Falistocco y Eduardo Spuler un tridente reacio a alejarse del máximo tribunal.
También en Cayastá, Pullaro fue diplomático. Si bien advirtió que “la Corte Suprema no hizo las reformas necesarias” para actualizarse, subrayó sobre sus miembros: “Es gente buena, no tengo mala relación con ellos”. Y reivindicó el proceso que desembocó en las enmiendas al Poder Judicial al afirmar que “hubiera sido más fácil pactar” con el alto tribunal.
Máximo tribunal renovado
Además de una composición de siete miembros, la nueva Corte Suprema deberá cumplir el principio de paridad de género y reflejar diversa procedencia regional.
Respecto de los ministros y el procurador del tribunal supremo, cesarán automáticamente en sus funciones al alcanzar los 75 años de edad. Y tendrán la chance de cinco años más pero con una previa aprobación del pliego correspondiente. No habrá efecto retroactivo para las actuales autoridades del Poder Judicial de la provincia.
Asimismo, la Corte Suprema deberá realizar audiencias abiertas “con el objeto de elevar la calidad institucional, profundizar el estado constitucional de derecho y acercar la labor del cuerpo al escrutinio público”, publicó La Capital.
