El fallo emitido por las juezas Davite, Badano y Bruzzo, que consideraron el riesgo de fuga, resulta sensato y justificable. Esto se fundamenta en la continua actitud de rechazo y cuestionamiento del ex gobernador hacia la Justicia, llegando al extremo de afirmar la existencia de una supuesta "mesa judicial" destinada a perseguirlo. A ello se añade su residencia en una ciudad fronteriza, su evidente situación económica sólida y sus conexiones con grupos de poder que lo ponen en una posición privilegiada en comparación con el ciudadano común bajo la ley.
La importancia de esta detención radica en el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de derecho en nuestra democracia. Aquellos que cometen actos de corrupción deben rendir cuentas y la sociedad exige la reparación de los daños causados.
Es fundamental que la Justicia actúe con firmeza frente a los responsables de corrupción en el Estado, incluso si ocupan cargos públicos. Esto contribuirá a disipar las sospechas de que se investiga al poder únicamente cuando los implicados abandonan sus funciones.
Aunque aún queda un trecho por recorrer, la solidez de las pruebas y la transparencia de los procesos sugieren que las condenas serán definitivas. Los habitantes de Entre Ríos deben confiar en la convicción democrática de que los corruptos serán juzgados. Es esencial que percibamos que la impunidad no tiene cabida en nuestra sociedad, que la justicia opera adecuadamente, que la prensa independiente desempeña su rol en una sociedad libre y contribuye a la presión pública por esclarecer delitos de esta índole.
