En julio de 2022, luego de las elecciones, por unanimidad el directorio del Iosper votó a sus nuevas autoridades. Entonces, el dirigente de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Isaías Fernando Cañete, fue elegido para una tercera gestión de cuatro años al frente de la obra social provincial; acompañado por la docente Adriana Hepp, como vicepresidenta, en representación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Pero ninguno de los dos, ni tampoco el resto de los cinco directores obreros -Adrián Gómez, por los municipales; Clara Luz del Valle Quintero, por los jubilados; Ángel Iturria, por activos y retirados de la Policía; Carina Alejandra Isaurralde, en representación de los trabajadores del Iosper; 7y Fabián Monzón, por los activos del Poder Ejecutivo, en representación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)- pudieron completar el mandato.
El Gobierno los desplazó con fuertes críticas hacia el manejo de la obra social provincial. A una semana de haber asumido, el interventor Mario Gallegós habló de sueldos de $16 millones, una deuda del doble de la declarada e incrementos de aranceles sin justificación, fue el panorama descripto. «La situación del Iosper es mucho peor de lo que esperábamos», explicaron los interventores y detallaron que, como dijo el gobernador Rogelio Frigerio cuando decidió la intervención, «sólo conocíamos la punta del iceberg. Ahora empezamos a ver qué hay debajo».
Ventilan exorbitantes gastos en Iosper
Por otra parte, subrayaron las maniobras con las que exmiembros del directorio intentaron ocultar el monto de sus propios sueldos que alcanzaban, en el caso del presidente, los $16 millones. La metodología utilizada consistía en desdoblar el pago del salario e informar públicamente solo uno de los montos.
