La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) había mostrado su descontento ante las modificaciones en el Reglamento de la Policía, expresando su “preocupación” respecto al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura. De acuerdo con los Organismos de Derechos Humanos, “la violencia institucional no debe ser defendida, sino condenada”.
En relación a ello, han señalado que el objetivo del nuevo texto es introducir cambios en la organización de la Policía, incluyendo la creación de una División de Asuntos Jurídicos dentro de la institución policial. Según afirmaciones públicas recientes del Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, esta división se encargaría de la defensa legal de agentes denunciados o imputados por delitos relacionados con apremios ilegales, tratos crueles e inhumanos.
Rodher ha repudiado las declaraciones del ministro, considerándolas alarmantes al referirse a dichas prácticas como “accidentes de trabajo”. Han enfatizado que estos actos constituyen graves delitos contra los derechos humanos y deben ser prevenidos y sancionados por el Estado, no defendidos. La institución ha recordado la importancia de separar de inmediato de sus cargos y castigar a los funcionarios que cometan tales conductas, en línea con la normativa vigente.
La Red de Organismos de Derechos Humanos ha lamentado la necesidad de recordar casos como el de Ariel Goyeneche, un hombre de 36 años que falleció asfixiado en febrero de este año mientras un agente de policía le aplicaba presión sobre el cuello para “reducirlo”, en presencia de otros agentes que observaban pasivamente. Han resaltado el deber del Estado de prevenir, sancionar y erradicar las golpizas, detenciones arbitrarias y tratos crueles que aún persisten en la actualidad.
