La Corte Suprema de Brasil, a través del juez Alexandre de Moraes, ordenó la colocación de una tobillera electrónica al expresidente Jair Bolsonaro como parte de una serie de medidas restrictivas. Según informó el portal oficial del Supremo Tribunal Federal (STF), la decisión se basa en acusaciones de que Bolsonaro y su hijo Eduardo habrían incitado “actos hostiles” contra Brasil, involucrando a gobiernos extranjeros. Además, se le prohíbe acercarse a embajadas o autoridades extranjeras y debe permanecer en su domicilio de lunes a viernes entre las 19 y las 6, así como los fines de semana y feriados completos.
Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, denunció la medida como una “humillación suprema”. En declaraciones recogidas por medios brasileños, afirmó: “Estoy restringido a permanecer en Brasilia con tobillera”. El expresidente también enfrenta cargos por su presunta participación en una conspiración para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022, según consta en comunicados de la Fiscalía General de la República de Brasil.
Por otro lado, el caso ha generado tensiones internacionales. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, amenazó con imponer aranceles del 50% a productos brasileños, calificando el proceso contra Bolsonaro como una “caza de brujas”. Lula, actual presidente de Brasil, respondió tildando la amenaza de “chantaje inaceptable”, según declaraciones publicadas en el sitio oficial del gobierno brasileño (gov.br).
Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y actualmente radicado en Washington, denunció un allanamiento en el domicilio de su padre y criticó duramente al juez De Moraes, acusándolo de actuar con parcialidad. Sin embargo, no se encontraron registros oficiales en el STF ni en la Policía Federal de Brasil que confirmen el allanamiento al momento de esta nota.
Bolsonaro, declarado inelegible hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral (TSE) debido a desinformación sobre el sistema de voto electrónico en 2022, insiste en liderar la derecha en las elecciones de 2026. La sentencia definitiva sobre el caso de la supuesta conspiración golpista se espera en las próximas semanas, y de ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de prisión, según fuentes judiciales brasileñas.
Este caso, que recuerda los eventos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, mantiene a Brasil en el centro de una controversia política y judicial. Mientras tanto, las tensiones entre el gobierno de Lula y sectores de la ultraderecha, tanto nacionales como internacionales, continúan en aumento.
