Entre Ríos se ha consolidado como el principal proveedor de arena silícea para la industria del fracking en Vaca Muerta, aportando más del 80% del insumo utilizado por operadoras como YPF. Esta predominancia se debe a la alta calidad del mineral y a costos de producción significativamente menores, que oscilan entre 40 y 60 dólares por tonelada, frente a los más de 100 dólares en Río Negro, según datos relevados por medios especializados. Sin embargo, este diferencial de precios se sostiene en un marco de escasa regulación ambiental, fiscal y laboral, lo que genera controversias.
La falta de controles en la provincia ha sido señalada como un factor clave en la competitividad de la arena entrerriana. A pesar de los mayores costos de transporte —más de 1.300 kilómetros hasta Neuquén—, el precio final sigue siendo inferior, rondando los 80 a 100 dólares por tonelada. Esto ha impactado gravemente a las proveedoras tradicionales de la Patagonia, como NRG Argentina, con sede en Allen, Río Negro, que entre fines de 2024 y julio de 2025 despidió a más de 640 trabajadores, según reportes sindicales de AOMA. La empresa procesó solo 600.000 toneladas de arena en 2024, muy por debajo de las 1,5 millones necesarias para su sostenibilidad.
El impacto ambiental también es motivo de preocupación. En zonas como Ibicuy y Diamante, se consumen entre 500 y 600 millones de litros de agua mensualmente para lavar arena, equivalente al uso de una ciudad de 150.000 habitantes. Este proceso genera aguas residuales que amenazan napas y cursos fluviales, además de la remoción de suelo en humedales y la emisión de polvo de sílice, según denuncias de comunidades locales y organizaciones ambientales.
A nivel judicial, en junio de 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó al gobierno provincial entregar información sobre volúmenes extraídos, destinos del mineral y montos recaudados por derechos de extracción, tras un pedido de la fundación CAUCE. Sin embargo, hasta el 1 de agosto de 2025, no se ha cumplido con esta sentencia ni se han publicado datos oficiales en portales de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) o la Dirección General de Minería, conforme a lo estipulado por la Ley 10158.
Las condiciones laborales también están en el foco de las críticas, con denuncias de informalidad y precarización en el sector, incluyendo jornadas extenuantes para choferes. Mientras las grandes operadoras petroleras se benefician con ahorros millonarios, los costos sociales y ambientales recaen en trabajadores despedidos, comunidades afectadas y ecosistemas degradados. La falta de una estrategia de desarrollo territorial que reinvierta ganancias en las zonas impactadas agrava la situación.
Por último, la resistencia social crece en Entre Ríos, donde las comunidades exigen mayor transparencia y participación en la gestión de un recurso estratégico. Hasta la fecha, no se han encontrado datos oficiales actualizados en sitios gubernamentales como el de la Provincia de Entre Ríos o el INDEC que permitan corroborar los volúmenes exactos de extracción o recaudación, lo que refuerza la necesidad de cumplir con las órdenes judiciales pendientes.
