España ha endurecido su postura frente a Israel con nuevas medidas en protesta por lo que se considera un "genocidio" en la Franja de Gaza, desencadenando una respuesta inmediata por parte de Israel, que denuncia un "antisemitismo institucionalizado" y toma represalias al prohibir la entrada al país de dos ministras del gobierno español de coalición.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justifica estas medidas como parte de la presión a Israel, con la aprobación urgente de un real decreto ley para consolidar la prohibición permanente de la compraventa de armas, que ya estaba en vigor de facto desde octubre de 2023 debido a la ofensiva militar israelí tras los ataques terroristas de Hamas.
Además del embargo de armas, España impedirá la entrada al territorio de quienes participen directamente en el "genocidio", violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en Gaza. Se rechazará el acceso al espacio aéreo español a las aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y se prohibirá el tránsito por puertos a los barcos con combustibles para las fuerzas armadas israelíes.
El país ibérico también vetará la importación de productos de los asentamientos judíos ilegales en Gaza y Cisjordania para combatir las ocupaciones, evitar el desplazamiento forzoso de la población palestina y seguir apoyando la solución de los dos Estados. Se reforzará el respaldo a la Autoridad Palestina con más efectivos en la misión de asistencia fronteriza de la UE en Rafah, y habrá nuevas colaboraciones en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.
Además, España incrementará su contribución a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) en 10 millones de euros y aumentará la ayuda humanitaria para Gaza a 150 millones de euros en 2026. Sánchez ha condenado los ataques terroristas de Hamas y ha diferenciado entre "proteger a Israel" y "bombardear hospitales y causar sufrimiento a niños palestinos inocentes en Gaza".
