Actualizan el sistema de clasificación de películas y concentran la competencia en el INCAA

En Cultura y Especáculos
enero 27, 2026
El Gobierno derogó el régimen vigente desde 1984 y estableció que el INCAA tendrá competencia exclusiva en la calificación de películas. Además, se habilitó la homologación de clasificaciones extranje

El Ejecutivo nacional aprobó una nueva reglamentación para el sistema de clasificación de películas cinematográficas, redefiniendo el papel del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en este proceso. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial, y comenzará a regir dentro de 60 días.

Con esta normativa, el Gobierno derogó el Decreto 828/84, que estaba vigente desde hace más de 40 años, al considerar que sus categorías y criterios estaban desactualizados frente a los cambios culturales, sociales y tecnológicos que atravesó la industria audiovisual. En este contexto, se estableció que el INCAA asumirá la competencia exclusiva en materia de clasificación de películas, dentro del ámbito de la Secretaría de Cultura.

Según los fundamentos del decreto, el sistema de clasificación tiene como objetivo brindar información clara al público sobre la aptitud de las películas para ser vistas por menores de edad, respetando el principio de autonomía progresiva y reforzando el rol principal de padres, madres y tutores en la supervisión y acompañamiento de los contenidos audiovisuales.

La nueva reglamentación elimina la intervención obligatoria de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, argumentando que su estructura colegiada y la falta de actualización de criterios generaban demoras y dificultades para el funcionamiento ágil del sector. En su lugar, se destacó la capacidad técnica y la experiencia del INCAA para realizar evaluaciones profesionales, transparentes y acordes con los estándares actuales.

Un cambio importante que introduce la norma es la posibilidad de homologar las clasificaciones emitidas por organismos públicos o privados del exterior, especialmente para películas extranjeras, que constituyen la mayoría de los estrenos en Argentina. Según informes citados en el decreto, más del 65% de las copias lanzadas al mercado argentino y más del 80% de los espectadores del top 100 de estrenos corresponden a producciones estadounidenses.

En este sentido, la reglamentación autoriza al INCAA a reconocer las clasificaciones extranjeras y a ajustarlas únicamente cuando existan razones de orden público, con el fin de evitar duplicaciones administrativas, reducir costos y agilizar la distribución y exhibición de contenidos en las salas de cine.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, incluye un anexo que redefine el sistema de clasificación cinematográfica bajo un criterio explícito de no censura, estableciendo que la intervención estatal se limita a una función orientativa e informativa.

En este marco, la norma refuerza que la decisión final sobre el consumo audiovisual de menores corresponde a padres, madres y tutores, mientras que el Estado nacional se limita a brindar información clara y homogénea. El nuevo esquema introduce categorías alineadas con estándares internacionales —como Audiencia General (G), Supervisión Parental sugerida (SP), R-13, R-17 y Solo apta para mayores de 18 años (C)— y faculta al INCAA a complementar estas clasificaciones con advertencias específicas sobre el contenido, fortaleciendo la transparencia del sistema.

Otro aspecto central del anexo es la homologación automática de clasificaciones extranjeras, una medida destinada a reducir tiempos administrativos y evitar duplicaciones innecesarias en un mercado donde predominan los estrenos internacionales.

Según lo establecido, el INCAA reconocerá las clasificaciones emitidas por organismos competentes del país de origen y solo intervendrá para adecuarlas cuando existan razones de orden público, reclamos fundados o incompatibilidades con los criterios nacionales. Este mecanismo busca mejorar la eficiencia del sistema, facilitar la distribución y exhibición de contenidos y concentrar los recursos estatales en los casos que realmente lo requieran, sin alterar la función protectora prevista en la ley, informó Ámbito. (APFDigital)