El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) emitió nuevamente su opinión respecto a la nominación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambos magistrados fueron designados por decreto del Ejecutivo y acuerdo de comisión del Senado.
Según el Inecip, la designación de los dos hombres para integrar la Corte Suprema sin la aprobación del Senado y a través de nombramientos en comisión representa una intromisión indebida del Presidente (Javier Milei) en el Poder Legislativo, vulnerando la independencia judicial y la igualdad de género en el máximo tribunal. Esto impacta negativamente en su legitimidad e institucionalidad.
Se cuestiona que la designación mediante el Decreto 137/2025 se aparta del procedimiento constitucional establecido y constituye un abuso de la facultad del Ejecutivo de ocupar vacantes durante el receso del Senado. La mayoría calificada de dos tercios requerida para aprobar candidaturas busca evitar que un solo partido político imponga a un juez o jueza. El Senado tiene la facultad de no otorgar acuerdo si considera que no están dadas las condiciones para una designación, tal como dicta la Constitución.
Asimismo, se hace hincapié en que las objeciones ciudadanas expresadas durante la evaluación pública de los candidatos fueron ignoradas al proceder de esta manera. Se señaló la falta de idoneidad e independencia de los postulantes, así como la escasa representación femenina en la Corte Suprema. Eludiendo el proceso constitucional, se pone en riesgo la legitimidad del tribunal y expone a los jueces a presiones que afectan su credibilidad.
Es fundamental buscar consensos políticos para la integración de la Corte, a fin de garantizar su legitimidad y la seguridad jurídica que sustenta el progreso social y económico. Además, se destaca que el tribunal cuenta con los mecanismos necesarios para funcionar con tres integrantes hasta que se complete su conformación.
El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe constituir un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina merece una justicia que valore la independencia y la imparcialidad, y no una Corte designada de forma arbitraria.
