Existen dos posibles escenarios para la impugnación: que la misma sea aceptada o rechazada. En caso de ser rechazada, los defensores podrían acudir a la Sala Penal en queja.
En un comunicado, los abogados Miguel Cullen y Marcos Rodríguez Allende citan que la decisión de la Cámara de Casación Penal de revocar la resolución previa y ordenar la prisión preventiva de Juan Pablo Aguilera fue fundamentada en la denegación de un recurso extraordinario, no en base a conductas del acusado. Argumentan que esta medida afecta el derecho constitucional a la libertad y viola el debido proceso penal, según su punto de vista.
Los defensores destacan que previamente, el Tribunal de Juicio había rechazado la solicitud de prisión preventiva para Aguilera, optando por medidas menos restrictivas. Sin embargo, esta decisión fue revocada por la Cámara de Casación Penal tras la intervención de Fiscalía, argumentando el riesgo de fuga como motivo para la detención.
El Tribunal de Casación, compuesto por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, respaldó la medida de prisión preventiva asegurando que existen riesgos procesales debido a la gravedad de las condenas en el caso de corrupción investigado. Subrayaron la importancia de proteger el proceso penal y la necesidad de asegurar los fines del mismo ante delitos de esta naturaleza.
En resumen, los defensores de Juan Pablo Aguilera están en proceso de impugnar la decisión de prisión preventiva dictada por la Cámara de Casación Penal, buscando que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia revise el caso. La prisión preventiva se fundamentó en el riesgo de fuga tras duras condenas por delitos de corrupción, siendo respaldada por el Tribunal de Casación por motivos de seguridad procesal.
