Ambientalistas van a la Justicia tras la sanción de la Ley de Fitosanitarios

La sanción definitiva de la Ley de Agroquímicos, también conocida como la Ley de Fitosanitarios, ha generado controversia, especialmente en el sector ambientalista, que anunció su intención de recurrir a la Justicia para solicitar su declaración de inconstitucionalidad. Consideran que la nueva normativa es "regresiva", ya que permite realizar fumigaciones a tan solo 5 metros de un curso de agua, mientras que la normativa anterior establecía una distancia de 50 metros.

La semana pasada, la Legislatura sancionó finalmente el proyecto de ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios, que regresó a la Cámara de Diputados luego de los cambios realizados por la Cámara alta. Facundo Scattone Moulins, miembro de la Coordinadora Basta es Basta y Nuevo Brote Nativo, criticó la ley, argumentando que favorece a las empresas fumigadoras y descuida la producción de alimentos saludables. En respuesta, las agrupaciones ambientalistas están considerando redactar un proyecto propio y presentarlo a través de algún mecanismo de participación ciudadana en la Legislatura provincial, publicó Uno.

Durante el debate en comisiones, la abogada ambientalista Aldana Sasia había advertido que la ley no se ajustaba a los avances científicos actuales ni al principio de no regresión en materia ambiental. Además, cuestionó tanto las distancias establecidas para las fumigaciones como la afirmación de que los productos químicos empleados "son inocuos".

Por otro lado, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) expresó su conformidad con la sanción de la nueva ley, destacando que regula de manera adecuada el uso de fitosanitarios en el sector agrícola.

“Esta entidad gremial ha venido bregando desde hace muchos años en la búsqueda de una ley moderna, consensuada y cumplible como la recientemente aprobada, ya que era insostenible seguir produciendo con una norma arcaica y puesta en jaque permanentemente por acciones judiciales, dejando al productor a la intemperie y sin certeza alguna cada vez que iniciaba una campaña”.

“Resulta necesario reconocer el compromiso del Poder Ejecutivo entrerriano que, cumpliendo su palabra, impulsó la ley en la Legislatura. Del mismo, corresponde destacar la tarea parlamentaria de los distintos bloques que comprendieron la importancia de producir con el respaldo jurídico correspondiente”, agregaron.

“En rigor de verdad, la nueva ley que nace ha sido posible gracias al trabajo concienzudo, profesional y responsable de muchos sectores económicos, productivos, técnicos y sociales de la provincia, donde emerge la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias como impulsora y depositaria de todas las opiniones recogidas. En el mismo sentido, es importante destacar que, entre esas voces, se consultó y se recibió el consentimiento de las máximas autoridades nacionales en materia de salud humana“, indicaron en respuesta a los cuestionamientos.

Por último, dijeron: “Entendemos que esta norma marca un rumbo claro respecto de muchos temas vinculados o no a la producción agropecuaria: queda evidenciado que el camino del diálogo y los consensos terminan siendo imprescindibles y superadores para cualquier aspecto que las sociedades y la política deban enfrentar”.