El informe "Disenso en riesgo", presentado por Amnistía Internacional Argentina, revela la grave situación de represión a la protesta social durante el primer año de gestión de Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En un lapso de doce meses, más de 1000 personas resultaron heridas en 15 manifestaciones, algunas con lesiones graves, incluyendo impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, y severos daños en la visión. Estas acciones fueron calificadas como propias de regímenes autoritarios por la organización, que resaltó las alarmantes cifras de represión. La violencia desplegada por el gobierno de La Libertad Avanza, a través del Protocolo Anti Piquetes, contra las protestas opositoras marca un cambio significativo en comparación a años previos, lo que llevó a la exigencia de respetar los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Además, se destacaron los discursos criminalizantes de los funcionarios hacia los manifestantes, cruelmente tildados de "terroristas" que buscan promover "golpes de Estado".
En conmemoración del 19 y 20 de diciembre de 2001, fechas que dejaron 39 muertos en todo el país, el gobierno de Milei exhibe cifras impactantes: 1155 personas heridas, 33 con impactos de balas de goma en zonas críticas, 50 periodistas y trabajadores de prensa lesionados mientras cubrían las manifestaciones, y 73 personas criminalizadas por participar en las protestas. Estos datos se presentan en un contexto de drásticas medidas de ajuste, denominado como el "mayor ajuste de la historia" por el Presidente. La represión y el miedo utilizados como mecanismos para evitar las protestas callejeras incluyen balas de goma, camiones hidrantes, golpes con bastones, detenciones arbitrarias e, incluso, casos de menores afectados por la violencia represiva. Asimismo, se denuncia el uso excesivo e innecesario de gases lacrimógenos por parte de fuerzas policiales como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, destaca la violenta represión del disenso en las calles, señalando que las autoridades nacionales han optado por la confrontación y la violencia, prácticas propias de regímenes autoritarios, para silenciar a aquellos con puntos de vista divergentes. El informe documenta el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, así como el empleo del gas pimienta MK9, descrito por médicos como más agresivo y con potencial para causar graves lesiones.
Cada mes, Milei y Bullrich reprimieron al menos una vez, afectando sin distinción a personas de todas las edades, incluyendo a adultos mayores y, lamentablemente, a niños. El Protocolo Anti Piquetes, implementado días después de la asunción del gobierno, marca el inicio de una estrategia para sofocar el creciente descontento por las políticas de ajuste. Esta medida ha sido cuestionada por Relatorías Especiales de las Naciones Unidas, quienes solicitaron al Gobierno una revisión de la misma.
El informe detalla el uso "desproporcionado" de las fuerzas de seguridad por parte de Milei y Bullrich, estableciendo un patrón de represión y criminalización hacia los manifestantes. Belski alerta sobre esta tendencia preocupante que busca limitar el disenso de manera sistemática. Adicionalmente, se mencionan otras herramientas coercitivas como la creación del Comando Unificado Federal y resoluciones que amplían el uso de armas letales, así como la decisión de cargar los gastos de operativos a los manifestantes. También se destaca la suspensión de planes sociales a quienes participen en protestas por parte del Ministerio de Capital Humano.
En medio de esta represión, las autoridades han contribuido a instalar un discurso que legitima la violencia estatal. Luego de detenciones masivas y acusaciones de intento de golpe de Estado, se felicitó a las Fuerzas de Seguridad por reprimir a supuestos "grupos terroristas". A pesar de ser un derecho constitucional, manifestarse se ha convertido en un acto criminalizado y peligroso, poniendo en riesgo tanto a manifestantes como a trabajadores de prensa.
El informe de Amnistía Internacional también resalta situaciones preocupantes, como los impactos de balas de goma en áreas críticas que han causado graves daños en la visión. Además, se mencionan detenciones arbitrarias a manifestantes, incluyendo el caso de un hombre de 64 años junto a su familia. Estos hechos se suman a otros informes de organizaciones de derechos humanos que han evidenciado la brutalidad del gobierno en el último año.
