Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Maduro por el hostigamiento a la embajada en Caracas

El embajador argentino ante la Corte Penal Internacional (CPI), Mario Oyarzábal, presentó una denuncia el martes 3 de diciembre contra el Gobierno de Venezuela liderado por Nicolás Maduro por acosar la embajada en Caracas, donde seis dirigentes opositores han buscado refugio desde marzo.

Desde hace más de una semana, el suministro de electricidad y agua en la embajada ha sido cortado por el gobierno, que actualmente porta la bandera de Brasil tras la expulsión de la delegación argentina en agosto pasado.

Oyarzábal, quien también es el embajador argentino en Países Bajos, enfatizó la necesidad de respetar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y de otorgar urgentemente salvoconductos para garantizar una salida segura.

Mauricio Macri y otros ex presidentes han denunciado que Maduro pretende convertir la embajada argentina en "otra prisión del régimen".

El diplomático alertó sobre el asedio a la embajada en Caracas por parte de fuerzas policiales y grupos armados no identificados en represalia por brindar asilo a personas en riesgo.

Estas seis personas han sido identificadas como colaboradores de María Corina Machado, líder opositora, y el gobierno de Maduro sospecha que están involucrados en la planificación de acciones consideradas "terroristas".

Oyarzábal instó a la CPI, con sede en La Haya, a actuar con determinación para juzgar los presuntos "crímenes de lesa humanidad" cometidos por el Gobierno venezolano. Expresó su profunda preocupación por la falta de avances sustanciales en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía.

Tanto Maduro como Cabello han denunciado este hecho como "otro plan de desestabilización", un pretexto común para detener a opositores.

El embajador agregó que desde el 28 de julio, la situación en el país ha empeorado significativamente, destacando que Venezuela no puede ser considerada un Estado de derecho. Subrayó que los derechos humanos y civiles son sistemáticamente violados, y la voluntad democrática de la población es deliberadamente ignorada.

En este sentido, Oyarzábal señaló que las "detenciones arbitrarias" y los "tratos inhumanos" deben ser investigados de manera rigurosa, ya que la impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también mina los fundamentos del orden jurídico internacional.