Vencieron 50.000 contratos en la Administración Pública Nacional, lo que ha generado preocupación en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que ha decidido tomar medidas. ATE ha montado vigilias en distintas dependencias públicas ante la posibilidad de que se produzcan despidos masivos en secretarías y ministerios nacionales.
El 31 de marzo finalizaron los contratos, y desde el sindicato liderado por Rodolfo Aguiar, se exige la renovación automática y anual de todos los vínculos laborales. Aguiar declaró que el Gobierno ha estado actuando al margen de la Constitución y las leyes, y que no permitirán cesantías masivas injustificadas.
El sindicato no descarta ocupar dependencias en caso de despidos, y aclararon que su protesta será pacífica. ATE manifiesta su rechazo a nuevos recortes que podrían afectar los servicios esenciales y perjudicar a los ciudadanos.
A pesar de que han surgido amenazas de posibles cesantías, hasta el momento no se han notificado despidos oficiales. ATE anunció un paro de 36 horas que comenzará el miércoles 9 de abril como medida de presión contra posibles cesantías ilegales.
