En medio de los múltiples temas que dividen al sindicalismo, recientemente se ha sumado uno nuevo: el fin de la triangulación con las obras sociales. Tras la eliminación por parte del Gobierno de la intermediación entre las obras sociales y las prepagas, permitiendo que los aportes de los afiliados vayan directamente a las empresas privadas, cierto sector de las prestadoras sindicales de salud está en pie de guerra para resistir la medida. Han solicitado a la CGT que intervenga ante el Gobierno y revierta esta resolución que amenaza con colapsarlas.
A pesar de la resistencia de algunas obras sociales, la dirigencia de la CGT ha optado por no involucrarse en el conflicto. Esta postura se debe, según fuentes oficiales, a la indiferencia hacia aquellas obras sociales más pequeñas que se verán afectadas por el fin de la triangulación, en contraste con las grandes entidades pertenecientes a los sindicatos más poderosos que también forman parte de la CGT.
La eliminación de la triangulación tiene sus raíces en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se estableció la libre elección de la obra social. Algunas entidades más pequeñas del sistema sindical de salud aprovecharon esta libertad para triangular sus servicios con las prepagas y captar a una población más joven, saludable y con mayores recursos. Esta práctica conocida como "descreme" provocó la pérdida del carácter solidario de la seguridad social. Algunas obras sociales achicadas se enriquecieron gracias a acuerdos con prepagas, convirtiéndose en una suerte de "vehículo" para que trabajadores de mayores ingresos derivaran allí sus aportes.
Esta distorsión generó una disparidad notable entre empleados y cantidad de afiliados en algunas obras sociales. Por ejemplo, la Obra Social de Comisarios Navales (OSCNA) tiene 4 comisarios activos y 161 mil afiliados, mientras que la Obra Social Capataces Estibadores Portuarios (Oscep) cuenta con 14 empleados para 71.897 afiliados. Estas desproporciones han despertado críticas y cuestionamientos en el ámbito sindical.
La medida de eliminar la triangulación busca poner fin a prácticas irregulares y transparentar el sistema de obras sociales. Según funcionarios de Salud, las prepagas recibirán directamente los aportes de los afiliados, lo que se traducirá en un ahorro para los beneficiarios al eliminarse el porcentaje destinado a la intermediación. Esta reestructuración implica un cambio significativo en el manejo de fondos que ascienden a unos 180 mil millones de pesos mensuales, y se espera que tenga impacto en la cuota que pagan los afiliados.
A pesar de las promesas de las autoridades de Salud sobre posibles beneficios para los afiliados, en la CGT se mantiene una postura de escepticismo. Existe preocupación en el sector de las prepagas por asumir un mayor costo al tener que cubrir nuevas prestaciones, lo que podría afectar su rentabilidad a futuro.
Mientras la CGT decide mantenerse al margen de esta controversia, las obras sociales afectadas por la medida oficial están preparando una estrategia de resistencia. Planean presentar denuncias judiciales para frenar el fin de la triangulación en un intento por preservar su situación actual.
