El juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, ha dado un paso crucial en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre miles de estafas cometidas a través del programa social Jóvenes Emprendedores. En una audiencia realizada este viernes, Ruhl respaldó las solicitudes presentadas por el fiscal Gonzalo Badano, desestimando las objeciones planteadas por las defensas de tres de los imputados en este caso.
Las defensas, representadas por Tomás Viñarla, Luciano Legascue y Miguel Cullen, se opusieron a las medidas solicitadas por la Fiscalía, que incluyen autorizar el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los posibles beneficiarios de los créditos, así como la realización de un informe detallado sobre las comunicaciones entre sospechosos y beneficiarios. Estas medidas abarcan el periodo comprendido entre 2018 y la fecha de los allanamientos iniciales.
Por su parte, Legascue cuestionó la validez de cuatro entrevistas realizadas sin presencia de las defensas y señaló posibles autoincriminaciones. Cullen resaltó la gravedad de las implicaciones y la necesidad de determinar cómo se desviaron fondos públicos a las cuentas de los investigados.
En cuanto a las querellas presentadas por presuntas víctimas, el juez Ruhl respaldó la legitimidad de la denunciante, quien habría sido afectada al falsificarse su firma para obtener un crédito no solicitado.
El caso investiga a varios individuos por presuntas irregularidades en el otorgamiento y rendición de créditos del Programa Jóvenes Emprendedores durante los años 2018 a 2022. La acusación apunta a un uso indebido de datos personales y desvío de fondos hacia funcionarios y terceros, entre ellos Alejandro Usatinsky y otros.
Este caso, iniciado en 2021 y reavivado en 2024, ha generado gran interés debido a las implicaciones de corrupción y estafa que podrían haber afectado a más de mil presuntas víctimas.
