Caso Jeffrey Epstein: documentos revelan que Donald Trump voló ocho veces en el jet privado del empresario acusado de abuso sexual

En El Mundo
diciembre 23, 2025
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 8.000 archivos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein, entre ellos un correo que confirma que Donald Trump utilizó el avió

El gobierno de Estados Unidos difundió un extenso conjunto de información que incluye más de 8.000 documentos, fotografías y videos vinculados a la investigación sobre el fallecido Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales contra menores. Entre estos archivos, disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia, se destaca un correo electrónico que contradice la versión pública sobre la relación entre el expresidente Donald Trump y Epstein, al revelar que Trump viajó en el jet privado del empresario en más ocasiones de las que se habían informado.

El correo, enviado el 7 de enero de 2020 por un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y ahora incluido en esta nueva publicación, señala explícitamente que los registros de vuelo recuperados muestran que “Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado” o de las que las autoridades conocían hasta ese momento. Esto contradice los esfuerzos del exmandatario por minimizar su vínculo con Epstein.

Según la investigación, Trump abordó el avión al menos en ocho ocasiones entre 1993 y 1996. En al menos cuatro de esos vuelos, coincidió con Ghislaine Maxwell, ex pareja de Epstein y condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores. Los registros detallan situaciones específicas, como un vuelo en 1993 en el que los únicos pasajeros eran Epstein y Trump, y otro viaje compartido con una mujer de poco más de 20 años.

Aunque Trump cortó relaciones con Epstein años antes de la detención del empresario y durante la campaña presidencial de 2024 prometió transparencia sobre el caso, luego calificó la presión para publicar estos archivos como una “farsa” impulsada por los demócratas. Sin embargo, finalmente accedió a la divulgación en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), aprobada en noviembre pasado.

Otro hallazgo relevante es la aparición de una carta de 22 páginas dirigida a las autoridades del Reino Unido, en la que se solicita una entrevista voluntaria con el “testigo PA”, una referencia directa al príncipe Andrés. Este último ya fue despojado de títulos y distinciones por parte de su hermano, el rey Carlos III, debido a su relación con Epstein y las sospechas sobre su posible participación en las actividades ilegales de la red.

La publicación también incluye imágenes sensibles, como grabaciones de cámaras de vigilancia de agosto de 2019 que muestran el momento en que Epstein fue encontrado muerto en su celda. No obstante, la entrega de esta información fue caótica: el Departamento de Justicia difundió cerca de 11.000 enlaces, muchos de los cuales no conducían a ningún archivo o presentaban “errores técnicos”.

La reacción política no se hizo esperar. Líderes demócratas calificaron la publicación parcial y tardía de los documentos como “una operación de encubrimiento”. El senador Chuck Schumer presentó una resolución para iniciar acciones legales contra la administración. Legisladores que impulsaron la Ley de Transparencia, como Ro Khanna (demócrata) y Thomas Massie (republicano), amenazaron con presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir con la entrega completa antes del plazo establecido.

Víctimas de la red de trata también expresaron su descontento, denunciando que lo publicado es solo una “fracción” de la información real y criticando la censura aplicada en los documentos. Señalaron que el tachado de nombres y datos es “anómalo y extremo”, lo que dificulta conocer el alcance total de la red de complicidades. Para ellas, el Departamento de Justicia sigue privilegiando la reputación de personas influyentes por encima del derecho a la verdad y la justicia que reclaman desde hace años.

Desde el gobierno, el fiscal general adjunto Todd Blanche intentó justificar las demoras y omisiones alegando la necesidad de proteger las identidades de más de 1.000 víctimas mencionadas en los expedientes. El domingo, Blanche negó categóricamente que se esté protegiendo a Donald Trump y sostuvo que el proceso de revisión es complejo y requiere cautela para evitar revictimizar a los afectados.

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