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Causa contra una exconcejal y su esposo elevada a juicio en Concordia

El juez de garantías de Concordia, Mario Figueroa, ha ordenado dar inicio a la fase de juicio del caso conocido como "Sáenz Julia Elena/Gómez Carlos Alberto/Gómez Juan s/Concusión". En esta causa, los acusados enfrentan cargos por "concusión agravada" y "tráfico de influencias" en conjunto.

El juez de garantías de Concordia, Mario Figueroa, ha ordenado el inicio del juicio en la causa titulada "Sáenz Julia Elena/Gómez Carlos Alberto /Gómez Juan s/Concusión". Los acusados enfrentan cargos por "concusión agravada" y "tráfico de influencias" en un caso de "concurso real".

Se les imputa a los tres acusados haber recibido una "comisión" de contratistas de la Municipalidad, como requisito para obtener contratos y renovaciones.

La pesquisa se inició a raíz de un audio que se difundió en redes sociales y fue publicado por El Entre Ríos, donde se escuchaba al esposo de la exconcejal Julio Sáenz negociando el pago de un porcentaje de honorarios con un contratista.

El fiscal José Arias ha formulado una imputación en la que se detallan seis hechos similares. En el primer caso, se describe cómo Julia Elena SÁENZ, abusando de su cargo como concejal, exigía a un contratista el pago de un porcentaje de sus salarios y aguinaldos como condición para acceder a contratos laborales con la Municipalidad.

Se ha revelado que el dinero de las comisiones no era depositado en cuentas políticas, sino entregado directamente a los imputados.

Aunque las penas solicitadas serán determinadas durante el juicio, el escrito de remisión a juicio sugiere penas de hasta 10 años de prisión para Julia Sáenz, 7 años para Carlos Alberto Gómez y 3 años para Juan Manuel Gómez, además de multas, inhabilitaciones y costas.

Entre los testigos propuestos se encuentran figuras conocidas en la política local, como Enrique Tomás Cresto, Alfredo Francolini y otros.

Durante la audiencia de remisión a juicio, el abogado defensor, el Dr. Rafael Briceño, ha atribuido la causa a motivaciones mediáticas y políticas, intentando equiparar las "comisiones" con aportes formales a una agrupación política.

La defensa plantea que estas comisiones representan contribuciones voluntarias para financiar actividades del partido, pero la acusación sostiene que se trató de delitos de concusión y tráfico de influencias.

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