Con la mirada puesta en el pedido de condenas, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apuntan a concluir el alegato en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y otras nueve personas acusadas de integrar una organización dedicada a defraudar al Estado mediante la adjudicación de obra pública a favor de Austral Construcciones.
Luciani y Mola son los únicos acusadores en el debate tras el desistimiento de la Oficina Anticorrupción en el cierre de la ronda testimonial y el de la Unidad de Información Financiera (UIF) que, y durante poco más de dos horas y media de la única audiencia que empleó para alegar, se abstuvo de hacer pedidos de condena a los 13 acusados por falta de pruebas.
En los tribunales de Comodoro Py se comenta que la de mañana será una audiencia “histórica y de gran expectativa”, haciendo alusión a la jornada donde se espera que los acusadores públicos enmarquen sus conclusiones, realicen el cierre conceptual y ante el tribunal oral número 2 formulen los requerimientos de condena.
Dicha exigencia podría rondar entre los cinco y 16 años de cárcel; esto surge de la expectativa de pena acorde a la calificación a la que Luciani y Mola llegan a esta instancia del juicio.
Al cierre del alegato de la UIF, el fiscal Luciani ya había adelantado que iba a hacer uso de todas y cada una de las audiencias para su intervención. Contando la octava y última jornada de este viernes, el Ministerio Público Fiscal expuso durante poco más de 65 horas.
Los argumentos. A lo largo de todo ese tiempo, Luciani dio por probado que, “entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal de características singulares” y que tuvo “en la cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos” con el fin de extraer “fondos del Estado para un beneficio particular y de terceros”.
Ante esto, los fiscales habían anticipado que iban a acusar por presunta asociación ilícita y defraudación a los imputados. Sin embargo, y cerca del final de la audiencia del viernes, sostuvieron sobre Carlos Kirchner, primo del ex presidente, que “no hay pruebas sobre algún aporte o participación” en la presunta asociación ilícita y que “no está despejado ni siquiera en la instrucción si el área creada y donde fue designado el primo del presidente, era un paso más en la organización delictiva”.
Para encuadrar la acusación, los fiscales pusieron de manifiesto y evaluaron diversos elementos, el primero fue el teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas José López, también juzgado, del que se extrajeron chats donde se comunicaba con empresarios y con otros, por entonces funcionarios públicos, sobre obras públicas y licitaciones en la provincia de Santa Cruz.
Además de las comunicaciones vía texto de la que según los acusadores también sostuvieron José López y Lázaro Báez, Luciani hizo énfasis en un chat donde se hacía alusión a un encuentro entre Cristina Kirchner y Báez. Dicha conversación hallada en el celular de López se dio entre él y Julio Mendoza, en su momento gerente de Austral Construcciones a finales del 2015, cerca del fin del mandato de Cristina
