El ánimo en el Poder Ejecutivo por estas horas es de preocupación ante el inminente fallo de la Corte Suprema que determinará el índice de movilidad que deberá ser utilizado para calcular los haberes que percibirán los trabajadores al momento de jubilarse.
La hora de la verdad llegará este martes, cuando los miembros del máximo tribunal se reúnan para dar a conocer sus respectivos votos. Y las noticias no son alentadoras para el Gobierno: ya hay una mayoría que se inclinará por el índice cuestionado por la ANSES.
El organismo previsional pretende que se valide el coeficiente de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) como la fórmula para determinar el monto de las actualizaciones, en lugar del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción, como viene otorgando la Justicia de la Seguridad Social por ser el más beneficioso para la clase pasiva.
El punto clave es que el resultado del caso testigo ("Blanco") impactará en todos los juicios en trámite en los juzgados de la seguridad social de todo el país que no tengan sentencia firme.
Cabe destacar que Luis Orlando Blanco es un trabajador que se jubiló en 2003 e inició por aquel tiempo el juicio por actualización de haberes. Él, como miles de jubilados, obtuvo una sentencia favorable. Ahora se discute de qué manera la ANSES debe actualizar la jubilación y el pago del fallo.
En el Gobierno temen por el impacto político y social que pueda llegar a tener la sentencia. No solo eso: también habrá un impacto en la "caja", justo en un momento donde el macrismo mira con lupa el frente fiscal.
En concreto, se estima que si la resolución va en contra de lo solicitado por la ANSES, esto tendría un costo de entre $70.000 y $90.000 millones
Todo lo que está en juego para el Ejecutivo dependerá de una variable, importante por cierto: si la Corte fija una modalidad de pago de haberes bajo otro índice.
“Lo que está en discusión es la forma de actualización de los salarios entre 1995 y 2008. A partir de 2009 se aplica la Ley de movilidad (26.417), trasladando el aumento de las jubilaciones a los salarios usados para el cálculo del primer haber”, explica el especialista Adrián Tróccoli a iProfesional.
De acuerdo con el especialista, los afectados son unos 150.000 casos que todavía no tienen sentencia firme, que se jubilaron por ley general después de 2003.
El grupo integrado por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti ya tiene una postura: utilizar el índice más amplio y mantener la doctrina actual de la Corte.
Aún se desconoce qué posición adoptarán Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. Una de las alternativas que se maneja es que se sumen y, con el resultado unánime, se cierren las puertas para nuevas trabas estatales.
Además, es probable que la sentencia incluya una exhortación al Congreso para que legisle sobre este tema y cubra las distintas lagunas legales. Hay quienes creen que pueden llegar a tomar en cuenta un nuevo índice intermedio.
De acuerdo con los cálculos de los especialistas, el ahorro que pretende el Estado ronda los 14.000 millones de pesos por año (a valor actual). Como contrapartida, para el jubilado significa cobrar solo un 40% de aumento. Según Tróccolli, el crit
