El fiscal federal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la investigación por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró en el requerimiento de elevación a juicio que se trató de una acción "premeditada" al menos por el agresor Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte y descartó, de momento, que existieran por detrás autores intelectuales.
Para el fiscal, los acusados idearon "un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación", según plasmó en el dictamen que presentó a fin de mayo pasado, en el que advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que tras los autores materiales existieran distintos autores intelectuales.
El fiscal sostuvo que el plan criminal se habría comenzado a pergeñar en abril de 2022, cuando Sabag Montiel consiguió la pistola que había sido de un vecino ya fallecido.
De las conversaciones de WhatsApp que lograron reconstruirse durante la investigación surge que los atacantes pensaron hasta en alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta para apostar desde allí a un francotirador, pero luego optaron por otra mecánica.
"De la lectura de la conversación que antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable que los imputados tenían intenciones de atentar contra la Vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella", señaló el fiscal tras repasar conversaciones.
Rívolo recordó que aquel 27 de agosto Sabag Montiel estaba presente en la manifestación que esa noche se realizó en la puerta de la casa de la Vicepresidenta "y le iba relatando en tiempo real los movimientos" de la exmandataria a Uliarte a la espera de dar con "el momento ideal para poder llevar a cabo el hecho".
De allí surge, además, que "ambos planeaban cómo llevarlo adelante (el ataque) sin ser descubiertos, evaluando qué es lo que iba a suceder una vez que él disparara el arma", reseñó el fiscal.
Por esos días, en los accesos al departamento de la Vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta se sucedían las manifestaciones de apoyo a la mandataria luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera que la condenaran a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.
Rívolo remarcó que "más allá de la indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una Vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional", no se encontraron pruebas de vínculos con agrupaciones o personas que pudieran haber facilitado "asistencia para el suceso", en alusión al atentado.
"De todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso", manifestó el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.
Destacó que tampoco se hallaron "elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos", como tampoco en los "movimientos financieros", que apunten a la presunta colaboración de terceros con
