La agrupación ambientalista Colectivo Eco Social Concordia formará parte de la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para debatir la modificación de la Ley de Glaciares, en un contexto atravesado por fuertes críticas a las limitaciones impuestas en el mecanismo de participación.
Según confirmaron a HORADIGITAL desde el colectivo, uno de sus integrantes fue seleccionado para exponer, aunque remarcaron que la elección se dio en el marco de un “corte arbitrario” entre los más de 100 mil inscriptos. “Repudiamos que miles de personas hayan quedado afuera de la posibilidad de tener voz en una discusión clave”, señalaron.
El proceso de audiencias se llevará adelante los días 25 y 26 de marzo bajo un esquema mixto —presencial, virtual y con presentaciones por escrito o video— luego de que la Justicia rechazara un pedido de suspensión impulsado por organizaciones ambientalistas. En total, se inscribieron 102.116 personas, una cifra inédita para este tipo de instancias en el Congreso.
Sin embargo, el formato definido por el oficialismo prevé la participación oral de apenas 360 expositores —180 por jornada— lo que representa menos del 0,3% del total de anotados. El resto de los inscriptos solo podrá enviar su intervención por canales alternativos, sin acceso directo a la exposición en vivo.
El criterio de selección también generó controversia: las exposiciones quedaron reservadas para los primeros inscriptos de cada jurisdicción, con el objetivo de garantizar representación federal. Esta decisión fue cuestionada tanto por sectores de la oposición como por organizaciones ambientalistas, que denunciaron un esquema “excluyente” y “restrictivo”.
“El esquema vulnera derechos garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, que establece estándares para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en cuestiones ambientales” enfatizaron desde el Colectivo Eco Social a HORADIGITAL
El proyecto en discusión, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010. La iniciativa busca reducir el alcance de la protección actual —limitándola a glaciares “hídricamente relevantes”— y habilitar actividades productivas en zonas que hoy están restringidas.
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