TEXTO QUE LLEGÓ A LA REDACCIÓN DE HORADIGITAL
El Bloque de Concejales Justicialistas de Concordia expresa su profunda preocupación y rechazo ante la aprobación, en la sesión de este jueves, de la ordenanza que declara la “emergencia ambiental” en la ciudad, habilitando al Departamento Ejecutivo a realizar contrataciones directas por hasta 400 millones de pesos mensuales para la privatización parcial del Servicio de Recolección de Residuos.
La iniciativa fue ingresada de manera sorpresiva durante la misma sesión y tratada sobre tablas, sin posibilidad de análisis previo, vulnerando las mínimas condiciones de debate democrático que una medida de esta magnitud requiere. Fue aprobada gracias a la mayoría automática del oficialismo y el acompañamiento de sus aliados de la Libertad Avanza, dejando en evidencia una práctica que degrada la institucionalidad del Concejo Deliberante.
Desde este bloque entendemos que la declaración de emergencia constituye un artilugio legal para eludir los mecanismos de control y transparencia, reemplazando el proceso de licitación pública por la contratación directa. Lo ocurrido no responde a una situación excepcional e imprevista, sino a una decisión previamente planificada.
Los hechos son elocuentes: en la noche previa ingresaron a la ciudad cinco camiones recolectores de la empresa privada Vitsa, cuya oficina central está ubicada en la ciudad de Córdoba y tiene bases operativas tanto en la provincia mediterránea como en Mendoza y Buenos Aires; en horas de la mañana de este jueves se aprueba la emergencia que habilita la contratación directa; al mediodía la ordenanza ya se encontraba publicada en el Boletín Oficial y, en consecuencia, plenamente vigente. Todo indica que en las próximas horas se avanzará con la firma del contrato. Se trata de un esquema sincronizado que configura, sin lugar a dudas, un negocio aceitado.
A esto se suma un elemento de extrema gravedad institucional: el comunicado oficial del Ejecutivo ya había sido redactado y distribuido a los medios antes de que finalizara la sesión, siendo apenas pasadas las 10 de la mañana, lo que confirma que la decisión estaba tomada de antemano, reduciendo al Concejo a una mera formalidad.
Asimismo, consideramos que los argumentos esgrimidos para justificar la emergencia resultan endebles y conceptualmente erróneos, ya que se intenta encuadrar como “emergencia ambiental” lo que en realidad responde a deficiencias de gestión. La ciudad atraviesa problemáticas ambientales reales y urgentes que no han recibido este tipo de respuestas extraordinarias, lo que evidencia la utilización discrecional de esta herramienta.
Desde el Bloque de Concejales Justicialistas reafirmamos que no nos oponemos a mejorar el servicio de recolección de residuos ni a buscar soluciones eficientes para los vecinos. Nos oponemos, sí, a que bajo ese pretexto se vulneren los principios de transparencia, control y legalidad en el manejo de los recursos públicos.
Por ello, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a esta metodología. La emergencia no puede ser la excusa para evitar controles ni para direccionar negocios. Los concordienses merecen soluciones, pero también merecen transparencia.
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