La Justicia condenó a Carlos Menem y Domingo Cavallo por la venta fraudulenta del predio que ocupa la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo. Desde la SRA aseguran que el fallo no impactará en la propiedad de uno de los terrenos más cotizados de la Ciudad.
El ex presidente y su ministro de Economía recibieron una condena de tres años y nueve meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Menem fue considerado responsable del peculado mientras que Cavallo fue encontrado partícipe necesario por los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini.
Ezequiel Cassagne, abogado de la Rural se mostró conforme con el fallo. "Fue reconocida la buena fe de los directivos de la SRA al ser absueltos. No hubo ni delito ni dolo", le dijo a LPO. De todas formas cuestionó que "se hubiera rechazado el argumento de la defensa de violación del plazo razonable", ya que transcurrieron 28 años desde la venta.
Menem había habilitado la venta de todos los inmuebles que pertenecieran al Estado y estuvieran en manos de organizaciones. El predio de Palermo estaba en manos de la SRA desde hacía más de 100 años.
La venta se realizó a fines de 1991 por 30 millones de dólares, cuando según la fiscal Gabriela Baigún el inmueble valía al menos 131 millones de dólares. La fiscal había pedido que el predio fuera restituido al Estado, pero el tribunal rechazó su propuesta.
"Esa venta fue ilegal pero no solamente por el precio vil sino también porque se violaron otra cantidad de normas importantísimas del derecho público: el predio de La Rural era un bien del Estado de dominio público y para poder disponer de él se hubiera requerido la autorización del Congreso", explicó la funcionaria judicial. "El hecho de se haya probado que fue una venta ilegal constituye una cuestión prejudicial para que el Estado argentino solicite la vuelta de ese bien tan importante a las arcas del patrimonio estatal", señaló a Radio de la Ciudad.
También fueron condenados a tres años de prisión Matías Ordoñez y Gastón Figueroa Alcorta, ex integrantes de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía, aunque las penas no son de cumplimiento efectivo.
Según determinó la Justicia la venta debería haber pasado por el Congreso, pero sin embargo se realizó en forma directa y no hubo licitación. En el juicio pudieron comprobarse esas irregularidades pero no pudo probarse el pago de sobornos por parte de directivos de La Rural.
"La Sociedad Rural no tuvo nada que ver con la decisión de poner el predio a la venta, que fue realizada cumpliendo los requisitos legales y a un precio acorde con las restricciones y obligaciones que se asumían. La Sociedad Rural sólo tenía dos opciones: aceptarlas o perder el predio", subrayó el titular de la SRA, Daniel Pellegrina.
Aún persiste una causa civil contra la SRA donde se dicsute el saldo de precio de las cuotas pendientes que fue iniciada cuando el kirchnerismo intentó desalojar a los actuales ocupantes.
