La posible discusión en el Senado acerca de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema ha generado una controversia de gran relevancia política. En diversos ámbitos, tanto en la Casa Rosada como entre los legisladores oficialistas, surge un punto crucial: la vicepresidenta y líder del Senado, Victoria Villarruel, tendría la autoridad para autorizar o bloquear dicha deliberación, lo que podría desencadenar una fractura en el ámbito legislativo.
El Ejecutivo ha activado en "comisión" a Lijo y García-Mansilla respaldándose en el decreto 137/2025, sosteniendo que el Presidente tiene la potestad de designar jueces de la Corte Suprema con el acuerdo del Senado. Ante este escenario, la probabilidad de un conflicto en el Senado es inminente si un grupo de legisladores solicita realizar sesiones en los próximos días para abordar estos pliegos.
En anteriores ocasiones, durante el periodo ordinario, el kirchnerismo intentó sesionar por cuenta propia en el recinto, sin éxito debido a la falta de quórum, lo que pone de manifiesto las tensiones políticas existentes. Si esta situación persiste, podría generarse un conflicto institucional de gran envergadura.
La figura de Victoria Villarruel emerge como un pilar central en esta coyuntura, siendo la encargada de autorizar o rechazar las sesiones que podrían definir el curso del debate acerca de los jueces de la Corte Suprema. Las presiones políticas y las maniobras de los diferentes sectores podrían desencadenar una ruptura total en el Senado, con implicaciones aún inciertas.
Todo señala que el Senado se encuentra en un momento crucial, donde la capacidad de acción de sus actores políticos, junto con la definición de roles y decisiones, serán determinantes para el porvenir de esta institución clave en la vida política nacional.
